Cualquier ciudadano venezolano está en el derecho de demandar
información pública ante organismos gubernamentales, amparándose en
el artículo 51 de la Constitución, que reza: "toda persona tiene el
derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier
autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los
asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener
oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán
sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser
destituidos o destituidas del cargo respectivo".