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Libertad de expresión (auto) censurada (14/12/2011)

A pocos días de finalizar el año 2011 resulta pertinente hacer un balance sobre la libertad de expresión en el país. Por eso desde el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) se genera un espacio para la discusión de este tema y otros que están estrechamente vinculados con el ejercicio periodístico.


Es necesario recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, establecido en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Igualmente está contemplado en las constituciones de los sistemas democráticos. Y de ésta se deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa.

Muchos asumen este derecho como un medio para la libre difusión de las ideas, pero quienes conocemos el ejercicio periodístico, estamos consciente existen otros elementos (acceso a las fuentes oficiales, un marco legal que no propicie la autocensura, reglas claras) que son necesarios y debe garantizar el Estado, para que dentro de una sociedad puedan respetarse la libertad de expresar las ideas, opiniones y difundir todo tipo de información.

Para tener una idea de lo que está ocurriendo en Venezuela con respecto a este tema tan importante, que es determinante incluso para el Desarrollo Humano, es necesario tener un conocimiento de lo que ocurre en cada entidad federal, para luego hacer un análisis más integral y agudo de la realidad nacional.

Antes de exponer algunos casos puntuales que demuestran la existencia de algunas  limitantes para ejercer el oficio periodístico, es necesario señalar que existen 820 periodistas inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Lara, cinco periódicos: El Informador, El Mio, La Prensa de Lara y el Impulso. Y un vespertino Diario de Lara. Cuatro televisoras que son Promar TV, Telecentro, Somos TV y Vmas TV. Y una cantidad significativa de radios comerciales y comunitarias.

De acuerdo a los hechos registrados desde junio de 2010 hasta junio de 2011 se puede considerar que persiste el problema de acceso a las fuentes oficiales especialmente el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), Instituto Nacional de Tierras (Inti), las fuentes policiales, dependencias del gobierno vinculadas con la actividad económica y financiera, entre otras.

Igualmente para este lapso fueron reportados como alertas casos de agresión a los periodistas y reporteros gráficos, mientras cubrían informaciones relaciones con el sector estudiantil (universitario y de media y diversificada), el Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes, (Grupo FRIO), derrumbes en municipios foráneos como Morán, entre otros. 

Casos

Entre los casos más destacados figura el de la agresión contra los corresponsales de Globovisión y Telenven, quienes el 17 de noviembre de 2010  se trasladaron hasta el municipio Morán para cubrir las consecuencias ocasionadas por las torrenciales lluvias.

Mientras se encontraban haciendo la cobertura ambos periodistas fueron agredidos al parecer por un grupo de trabajadores de la alcaldía. Así lo denunció la propia Doricer Alvarado, corresponsal de Globovisión, quien incluso acudió ante el Ministerio Público del estado Lara para formular la denuncia, en compañía de representantes del CNP- Lara.

Otro hecho en el cual se limitó por completo la libertad de expresión fue el relacionado con la colega  Minna Vargas, quien aseguró que por presiones netamente de tipo político  la junta directiva del canal Telecentro decidió censurar su  programa "90 minutos al Día".

La medida contra la periodista se produjo el día miércoles 18 de agosto de 2010 cuando la comunicadora social  egresada de  la Universidad Fermín Toro dejó de transmitir su programa que tenían un enfoque de opinión e informativo y era transmitido durante una hora y media, de lunes a viernes.

La medida se tomó por presión política y por eso decidieron censurar mi espacio que era de corte informativo y de opinión. Hago esta aseveración porque el gerente general del canal, Jesús Granadillo, en diversas ocasiones me llamó la atención por los comentarios que realizaba en contra de la alcaldía del municipio Iribarren, explicó en esa oportunidad Vargas al Ipys.

Igualmente se han presentado situaciones de alto riesgos para los periodistas y reporteros gráficos mientras cubren informaciones relacionadas con el sector educativo. Tal como sucedió con el fotoperiodista Richard Alexander Lameda y el conductor Marcial Rodríguez, quienes fueron recibidos con piedras y disparos por un grupo de estudiantes en la Intercomunal Barquisimeto-Duaca.

El hecho ocurrió luego que presuntos estudiantes, al parecer, del liceo Juan Bautista Rodríguez de Tamaca tomaron la importante vía, entre Las Casitas y Tamaca, para alterar el orden público.

El vehículo de este periódico, una Toyota Land  Cruiser blanca, fue blanco de piedras y disparos.

Un vidrio lateral del lado del copiloto quedó destrozado, y la piedra que lo traspasó cayó sobre el asiento posterior del carro.

Como las piedras y tiros vinieron de todos lados, sujetos frente a la camioneta intentaron detener al equipo periodístico para incendiarlo, sin embargo, el conductor en ningún momento perdió el control y logró maniobrar el automóvil hasta escapar del peligro, comentó Lameda.

Recientemente en la entidad se suscitó un caso de agresión por parte un mandatario local en contra de un periodista.

 Esta situación involucra al periodista del diario El Impulso, Luis Alberto Perozo, quien desde hace un año cubre la fuente municipal de Palavecino y responsabilizó al alcalde oficialista, Richard Coroba, por presuntamente emprender una campaña de difamación en su contra e impedirle el acceso a la fuente oficial, lo cual limita su ejercicio periodístico.

El colega denunció que no tiene acceso a la fuente oficial y explicó que la causa por la cual el mandatario local ha sometido al escarnio público al colega, a través de programas de televisión y radio regional,  es por un comentario que hizo, vía twitter,  en un espacio radial dirigido por el director de Fama 98.1.

-El día lunes  4 de abril de 2011, en horas del mediodía, escuchaba una entrevista en vivo con el alcalde Coroba y decidí participar con un comentario,  en el cual afirmé que el  mandatario a propósito de la publicación de su memoria y cuenta, informó que había invertido 60 mil bolívares  en la atención integral de los adultos mayores, durante dos años de su gestión, lo cual equivalía a tres meses de su sueldo.  

Entre los acontecimiento más reciente de agresión es necesario mencionar el de un grupo de periodistas (de Promar TV, El Impulso y diario El Mio) que fue agredido  por representantes del grupo FRIO.

Eso ocurrió el domingo 15 de mayo de 2011 un grupo de periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos de distintos medios de comunicación social de Lara, fueron agredidos verbalmente, mientras cubrían la audiencia de presentación de  13 integrantes del Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes, (Grupo FRIO), celebrada en el edificio nacional del estado Lara, donde funcionan los tribunales.

Según la información suministrada por Paola Matos, periodista de Promar TV (canal regional que tiene una proyección nacional), informó que mientras intentaba entrevistar a una de las tres primeras personas liberadas, varios representantes del FRIO se agruparon a su alrededor y   del camarógrafo, Jeison Gámez,  y comenzaron a gritarles consignas y palabras obscenas.

En el lugar también se encontraban Mariangel Durán y Jairo Nieto, periodista y reportero gráfico del diario El Impulso y la periodista  María José Pacheco, del diario el Mío.

Todos fueron víctimas de violencia verbal y se sintieron amedrentados por la algarabía y actitud de quienes acudieron a los tribunales a manifestarles su apoyo a los líderes del frente revolucionario.

En este informe sobre libertad de expresión no se puede dejar de mencionar igualmente el problema de impunidad que igualmente afecta a los periodistas. En el caso de Lara existe un hecho que causó conmoción en la colectividad porque fue asesinado un joven comunicador  social y aunque no fue durante el ejercicio periodístico, sino por otras causas que aún no han sido aclaradas por los cuerpos de seguridad que se encargan de investigar, considero oportuno mencionar porque se trata de un caso donde se han violado derechos fundamentales como el tener acceso a una justicia expedita y sin retardo de ningún tipo.

A dos años  del asesinato del periodista Jacinto Elías López Velasco y del intento de homicidio del reportero gráfico Ricardo Marapacuto, todavía el Ministerio Público no ha efectuado una investigación "seria, responsable y profesional" que permita conocer el móvil y quiénes son los autores del hecho.

De acuerdo a las informaciones que ha suministrado Carlos Eduardo López, padre de la víctima, al Ipys en algunas ocasiones que ha sido entrevistado, el caso se encuentra en fase de sumario y asegura que no se ha realizado un trabajo serio para esclarecer el caso e imputar a los responsables

Es oportuno recordar que López (23) y Marapacuto  fueron secuestrados por tres sujetos cuando se encontraba con su amigo y colega Ricardo Marapacuto, quien también fue sometido y resultó gravemente herido durante el hecho. 

Los comunicadores sociales, fotógrafos y profesores universitariosse encontraban en el estacionamiento de Mc Donald en Cabudare, municipio Palavecino, cuando fueron interceptados y trasladados hasta un sector de Lomas de Tabure.

En ese lugar le propinaron seis disparos a Jacinto y dos a Marapacuto, quien luego de un par de meses logró recuperarse y estabilizarse física, emocional y laboralmente.

Opiniones de periodistas

Con el fin de conocer la opinión de periodistas larenses sobre la situación de la libertad de expresión en la entidad larense, fueron entrevistados colegas que ejercen cargos de gerencia media en algunos medios de comunicación privados (El Informador, El Impulso y el Diario de Lara), y al secretario general del CNP- Lara, doctor Euclides Sebastiani, como activista gremial.

Aunque existen algunas divergencias de criterios es necesario destacar primero las coincidencias que tienen con respecto a las limitantes que existen para los reporteros acceder a las fuentes oficiales.

Igualmente  hay quienes consideran que el marco regulatorio actual  (Ley de Contenidos) ha obligado a muchos medios y comunicadores sociales a autocensurarse, por miedo y para evitar ser sancionados por los representantes del gobierno.

Euclides Senastiani, secretario del CNP- Lara, considera que existe libertad de expresión en Lara y el país. "No podemos decir que no hay libertad de expresión porque sería una falacia, pero debo hacer la salvedad que está condicionada, por los nuevos ordenamientos jurídicos como la Ley Resorte y la reforma que se hizo recientemente, y otra norma que no puedo dejar de mencionar es la Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolesente, la cual aplican en algunos casos para  limitar la libertad de expresión".

Dijo que además existe un grave problema porque "nos autocensuramos, especialmente los dueños de las empresas periodísticas que son nuestros empleadores. Ellos se sienten  presionados por la publicidad que es vital para que sobrevivan sus empresas".

Definitivamente hay una situación muy compleja, a su juicio, porque se pueden decir las cosas en algunos canales y emisoras de radio, pero luego vienen algunas presiones a través de los medios y éstos después lo hacen contra los periodistas.

Recordó que los comunicadores sociales y los medios de comunicación son los peores enemigos de los gobernantes y el poder, porque "nosotros investigamos y damos a conocer lo que observamos en la sociedad y esa es la causa por la cual en este momento se nos culpa y califica de desestabilizadores".

- La sociedad y los representantes del gobierno deben saber que nos regimos por un Código de Ética que tenemos que respetar, porque esta normativa de carácter deontológica establece cómo debemos tratar y comportarnos con las fuentes oficiales, los colegas y cuál es nuestro rol en el país.

Por su parte, Ivar Colmenares, jefe de Redacción del diario El Informador, aseguró sin titubeos que si existe libertad de expresión en el estado Lara y en el país. Todo ciudadano que acude a los medios de comunicación se les permite y concede el espacio para que emitan sus opiniones.

Pero reconoció que existen algunas dificultades para acceder a las fuentes oficiales, especialmente a las relacionadas con el sector económico.

Dijo que en cuatro años que tiene como jefe de Redacción ha conocido de casos de agresión en contra de los periodistas y reporteros gráficos que conforman el equipo de prensa.

Con respecto a la actuación del grupo Frio y las agresiones de las cuales han sido víctimas periodistas de otros medios dijo que existen actores muy peculiares como es el caso de este frente, que generan conatos y núcleos de anarquía porque tienen un  comportamiento extremista y por supuesto que sus actuaciones lesionan y atentan no sólo la libertad de expresión, el orden institucional sino incluso la paz ciudadana.

Dijo que el periodista por naturaleza no puede asumir posturas sesgadas mientras está en ejercicio de sus funciones, porque se aleja de su función natural que es ser orientador y moldeador de opiniones. Por eso es indispensable que no se deje llevar por sus propias  impresiones y posiciones (aún cuando es válido que las tenga como ciudadano), para que no se quebrante su credibilidad. Lo ideal es que sepa cómo canalizarlas a la hora de ejercer su profesión.

Reinaldo Díaz, jefe de Redacción, jede de Redacción del Diario de Lara, coincide con sus colegas y afirmó que para obtener la versión de la fuente oficial cada vez resulta más imposible. "Esto afecta especialmente el principio de veracidad".

Mencionó algunos casos puntuales como lo que ha sucedido en la entidad con el cierre de la entidad de ahorro Casa Propia. Dijo que este banco era emblemático para todos los larenses y asegura que no hay información confiable porque la junta interventora se niega a suministrarlas.

Los periodistas sólo tienen acceso a las informaciones y opiniones que suministran los ahorristas pero no es suficiente para cumplir con responsabilidad y ética con nuestro rol de informar a la colectividad.

Dijo que la actuación del grupo Frio y el impacto que eso ha generado en distintos sectores, especialmente el Inmobiliario (por las constantes invasiones)  mantienen en vilo a todos porque se arremete contra el patrimonio de la ciudad. Lo peor es que la mayoría de las veces los medios no suministran una información completa y tampoco investigan, porque hay un grado  de impunidad e indefensión tal que nadie quiere meterse en problemas. Esto sin duda alguna que afecta la libertad de expresión e información.

Otra situación que le preocupa a Díaz es que los reporteros no tienen acceso a la fuente oficial vinculada con el sector Agrícola. En el Ministerio de Agricultura y Tierra y el  Inti no es fácil de conseguir información y por tanto no se le puede hacer un seguimiento a casos muy importante como es la situación del Valle del Turbio. Nadie sabe cuánto es la superficie cultivada, por citar un ejemplo y menos cuáles rubros están sembrando. Tampoco tenemos conocimiento de cuál es la realidad del agro larense porque todo lo engavetan.  

Aseguró que cada vez existe más autocensura con los casos relacionados con la fuente de Sucesos. "El tratamiento de los acontecimientos es netamente informativo, porque hacer investigaciones y llegar al fondo en ciertos casos, representa un peligro inminente porque afectas intereses. Lo mismos jefes de los cuerpos de seguridad se autocensuran y no dan pistan, ni suministran datos importantes.  

Por último se pulsó la opinión de Frank de Pablo Useche, jefe de Deporte del diario El Impulso, quien aseguró que existe un problema serio con la autocensura. Muchos periodistas se cohíben de decir y escribir realidades porque en el fondo hay mucho  miedo, por las situaciones que se han presentado y los hechos recientes en los cuales los periodistas son perseguidos e incluso enjuiciados.