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NOVEDADES   | CONTEXTO
Paralizadas denuncias de agresiones contra periodistas (13/12/2011)

Durante el 2011, las denuncias que se han efectuado ante la Fiscalía de Carabobo sobre agresiones a periodistas no han sido respondidas aún por las autoridades. El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en la entidad, Angel Perozo, informó que hay dos casos emblemáticos de agresión a comunicadores sociales que no han seguido su curso en los entes del Estado: el ataque a un grupo de 10 periodistas en el Consejo Legislativo, el 10 de diciembre de 2008, y la amenaza de muerte contra Kervin García, en Guacara, el 22 de febrero de 2011.


Perozo explicó que aúnla FiscalSuperiorde Carabobo, Liseth López, a quien le fueron consignadas las denuncias a través de su secretaria, no ha realizado los trámites legales. De acuerdo a las normas, cuando un documento es entregado ante el Ministerio Público, el caso debe ser asignado a un fiscal, para su investigación. En relación con las agresiones reportadas, no ha habido una información adicional, ni han sido asignadas a ningún fiscal.

Sobre el caso del CLEC, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Carabobo ha solicitado en cuatro ocasiones sea investigado el ataque, pero no ha habido respuesta. En diciembre de 2010, cuando se cumplieron dos años de los hechos, Perozo volvió ala Fiscalíaa exigir respuestas, sin encontrarlas. La agresión fue perpetrada por un grupo de simpatizantes chavistas al final de una sesión en la que se decidió qué diputados asumían los cargos directivos.

Entre los periodistas agredidos están: María Teresa Guedez, de El Aragüeño; Cristian Ojeda y Alexander Flores, de Televen; Randolfo Blanco, Félix Repetto y Rafael Rumbos, de Venevisión; Douglas Arraiz y Jorge Rubí, de NC Televisión; Ambar González y José Henríquez, de TVS; Yahimar Pinto, de ANTV, y Dayana Querales, del diario La Calle.

A Kervin García lo amenazaron de muerte la tarde del lunes 22 de febrero de 2011, dos sujetos que identificó como afines al alcalde del municipio Guacara, estado Carabobo. García cubría las incidencias de la paralización de la empresa Heinz, que fabrica alimentos y bebidas. García asegura que los hombres entablaron una pequeña conversación con el alcalde Gerardo Sánchez, y luego caminaron hacia él. Se retiró del grupo y caminó hacía el vehículo en el que se trasladaba. Antes de poder abordar, lo llamaron y le dijeron que si seguía escribiendo sobre el municipio lo matarían.

Pero hay casos que no se denuncian, como la agresión al equipo de Notitarde cuando cubría las incidencias de una huelga de enfermeros enla CiudadHospitalariaEnrique Tejera (CHET), en Valencia, el 14 de abril. O el de una reportera dela AgenciaCarabobeñade Noticias (ACN) a quien le fue arrebatada y destruida la cámara fotográfica por un efectivo militar durante una visita al mismo centro hospitalario de diputados opositores.

Enla CHETocurren frecuentemente hechos que parecen aislados y a veces malos entendidos. En ocasiones se impide el acceso a periodistas o algún reportero es retenido brevemente por los funcionarios de seguridad interna (cooperativistas), cuando descubren que son comunicadores sociales.

Aún así, el secretario general del CNP-Carabobo, Angel Perozo, confirmó que en lo que va de 2011 los ataques a la libertad de expresión han sido pocos, al comprarlo con otros años. Sin embargo, se mostró alerta, pues el próximo año es electoral y este tipo de agresiones aumenta.

Caso Carabobo Stereo 102.3

La Comisión Nacionalde Telecomunicaciones (Conatel) cerró temporalmente la emisora Carabobo Stereo 12.3 FM, ubicada en Valencia, alegando que actuaba de manera clandestina. Pero sus dueños afirman que los documentos están en regla.

La medida fue aplicada el viernes 17 de marzo de2011 alas 7:30 de la noche, sin que antes se haya emprendido un proceso administrativo para investigar la presunta violación del espectro radioeléctrico de la que acusa Conatel.

Carabobo Stereo 12.3 FM, de corte musical e informativo, opera desde hace casi tres años y sus directivos afirman que han pagado impuestos a Conatel durante ese tiempo. Además de los recibos de esos pagos, poseen pruebas de su comunicación directa con el organismo estatal, que hasta el viernes fue normal.

Los funcionarios de Conatel confiscaron transmisores, el receptor y emisor de enlace, procesador de audio, micrófonos y consolas de grabación que se encontraban en los estudios, sin que algún testigo lo presenciara. Sólo estaba presente el operador de guardia. La medida afecta a 60 empleados directos entre locutores, personal administrativo y productores nacionales independientes. El 14 de junio se venció el plazo para que Conatel diera una respuesta definitiva al caso, que ya entregaron todos los documentos respectivos. Los directivos se mantienen a la espera. Al pasar el ente a ser dependencia dela Vicepresidencia, la autorización queda en manos de Elías Jaua.