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La radicalización de las agresiones contra la prensa y la opacidad han marcado el manejo informativo del Estado sobre la salud del Presidente (28/01/13)

Los registros sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información que lleva de forma permanente el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) evidencian que el manejo informativo por parte del gobierno nacional sobre la salud del presidente de la República Hugo Chávez ha sido poco transparente y ha tenido como correlato un discurso agresivo hacia la prensa nacional y extranjera. Diversos representantes del Poder Ejecutivo, de manera recurrente, descalifican, intimidan y acusan a los  periodistas y medios de desconocer la legitimidad del gobierno, por el hecho de presentar informaciones, desde diversas fuentes, sobre la situación de salud que afecta al primer mandatario nacional.

Los registros sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información que lleva de forma permanente el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) evidencian que el manejo informativo por parte del gobierno nacional sobre la salud del presidente de la República Hugo Chávez ha sido poco transparente y ha tenido como correlato un discurso agresivo hacia la prensa nacional y extranjera. Diversos representantes del Poder Ejecutivo, de manera recurrente, descalifican, intimidan y acusan a los  periodistas y medios de desconocer la legitimidad del gobierno, por el hecho de presentar informaciones, desde diversas fuentes, sobre la situación de salud que afecta al primer mandatario nacional.

 

Desde que el Presidente informó, el 8 de diciembre de 2012, que debía someterse a una nueva intervención quirúrgica, en Cuba, por la aparición de nuevas células cancerígenas, debido a una reincidencia del cáncer que padece desde mediados del 2011, representantes del Poder Ejecutivo, han acusado a los medios de comunicación nacionales y extranjeros de mantener una "campaña de desestabilización", por el supuesto manejo "mal intencionado" de la cobertura informativa del estado de salud del mandatario y la situación de la conducción del país en su ausencia del territorio nacional.

 

Pluralidad y diversidad de los medios en riesgo

 

En este contexto, se ha registrado el inicio de procedimientos administrativos sancionatorios, ha habido un uso recurente de las alocuciones oficiales obligatorias, de radio y televisión (mayormente, en cadena nacional) y la utilización reiterada de los medios estatales para la divulgación de mensajes en los que se criminaliza la labor informativa de los medios privados e independientes. Esta situación atenta contra los fundamentos de pluralidad y diversidad en los que se asienta la libertad de expresión, principio indispensable en la convivencia democrática.

 

Asimismo, estas reacciones oficiales contra la prensa desfavorecen el clima sociopolítico en el país, que además, está marcado por la imprecisa y escaza difusión, de parte del sector oficial,  de información corroborada con fuentes calificadas, pertinente y oportuna; así como la por la generación de rumores, que podrían afectar la estabilidad del país.

 

Esta situación responde a la radicalización de una política gubernamental que limita el acceso a la información pública, derecho fundamental que permite a los ciudadanos conocer, sin ningún tipo de sesgo, detalles sobre los asuntos de interés colectivo, en relación a las instituciones estatales y los funcionarios públicos. De esta manera, la opacidad ha marcado la estrategia informativa del gobierno nacional en cuanto a la enfermedad del presidente de la República Hugo Chávez. 

 

La claridad, precisión y calificación de informaciones especializadas han sido los grandes ausentes. A pesar que Nicolás Maduro, vicepresidente de la República, y Ernesto Villegas, Ministro de Comunicación, ha enviado al país alrededor de 30 mensajes oficiales sobre la salud del Presidente, desde el 10 de diciembre de 2012, estos comunicados carecen de rigurosidad, por lo que se puede considerar que los medios de comunicación y los ciudadanos no han podido conocer información médica validada, de manos de profesionales certificados de esta área, que describan la situación de salud que ha afectado al primer mandatario nacional, desde junio de 2011. Asimismo, la sociedad en general no ha tenido acceso a un informe especializado, preparado por una junta médica venezolana que puntualice esta situación.

 

Ante este panorama, se limita el derecho de los ciudadanos a saber las condiciones detalladas sobre la salud del presidente de la República, por ser información de interés colectivo, y se violentan los principios de la libertad de expresión e información pública, consagrados en los artículos 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Estado de salud del presidente como información de interés público

 

La actitud que han mantenido de las autoridades públicas hacia los medios y los periodistas, ante el manejo informativo de la salud del Presidente, ratifica una agudización de las limitaciones y la hostilidad que afecta la libertad de expresión en el país, en los últimos años.. Así lo constatan los datos de IPYS Venezuela en 2012, cuando se contabilizaron, al menos, 200 casos de ataques y agresiones contra trabajadores y empresas de comunicación social. Esta  cifra  representa el mayor registro de violaciones contra la prensa, en los últimos 10 años; incluso duplicando los casos registrados en 2011, cuando se reportaron 94 incidentes.

 

De igual manera, los representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han querido subordinar la libertad de expresión e información apelando al respeto a la privacidad, del presidente de la República, olvidando que la información precisa, rigurosa y especializada, sobre el estado del primer mandatario nacional, es un asunto primordial de interés para todos los sectores de la sociedad, con fundamento en los artículos os artículos 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que:  "Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público" (Principio Nº 10). Y agrega: "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad" (Principio Nº 11). Siendo la condición de salud del Presidente de la República una situación que afecta sus funciones, resulta fundamental que los ciudadanos tengan acceso a información, clara y oportuna al respecto.

 

Ante estos hechos que colocan en riesgo la garantía y el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela, IPYS Venezuela exhorta al Estado venezolano a informar, con basamentos de una junta médica,  de manera clara, real y transparente, sobre el estado de salud del Presidente. Asimismo, solicita cesar con la sistemática hostilidad hacia la labor de la prensa nacional y extranjera y garantizar las medidas necesarias para que los periodistas y medios de comunicación ejerzan su labor sin ningún tipo de riesgo, amenazas y censura. De igual manera, IPYS Venezuela hace un llamado a los periodistas y medios de comunicación nacionales y extranjeros, a realizar su labor informativa apegados a los principios éticos que fundamentan el ejercicio periodístico.

 

A continuación, se presenta un análisis sobre el ataque a los medios de comunicación y las dimensiones de las limitaciones al acceso a la información pública promovidas por el gobierno nacional en el manejo informativo en relación al estado de salud del Presidente.

 

 

1.- Poder ejecutivo criminaliza la labor informativa de la  prensa

 

IPYS Venezuela presenta una reseña de los obstáculos que ha enfrentado la prensa en Venezuela, durante la cobertura informativa sobre la salud del presidente y los retos para la vida democrática, ante el inicio de un nuevo periodo constitucional. Asimismo, estos hechos reiterados comportan un riesgo para el pleno respeto, garantía y respeto a la libertad de expresión e información, según lo planteado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, no se corresponden con los principios estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

 

Procedimientos sancionatorios

 

-         La Tele, Candela Pura 91.9 FM, y Es 96.9 FM:

 

Durante estos días, se han iniciado investigaciones contra medios de comunicación por supuestas infracciones. Uno de los casos, ocurrió el 03 de enero de 2013, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel), dependencia ejecutiva encargada de la regulación de las actividades de telecomunicación en el país, adscrita a la Vicepresidencia de la República, abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra la televisora privada, La Tele; y las emisoras  Candela Pura 91.9 FM, y Es 96.9 FM (medios con sede en Caracas, Distrito Federal) por no haber transmitido la cadena nacional de radio y televisión, de obligatoria difusión por disposición de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, y Medios Electrónicos. Estos mensajes obligatorios y recurrente resultan contrarios a los principios de pluralidad y diversidad que sustentan la libertad de expresión.  Estos procedimientos administrativos sancionatorios podrían derivar en sanciones a estos medios.

 

Pedro Maldonado, director de Conatel informó: "se pudo verificar que existieron tres medios de comunicación que no se pegaron a la cadena presidencial y uno de ellos se pegó con algún retraso o la transmitió con algún retraso". Ésta era una  alocución oficial del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, en la que ofrecía un boletín vinculado al estado de salud del Presidente Hugo Chávez. Pedro Maldonado, director de Conatel que este organismo está vigilante para "realizar cualquier tipo de procedimiento administrativo que permita salvaguardar los derechos a la paz, a la tranquilidad y al sosiego del pueblo venezolano" (/alerta?id=3247&y=2013&m=01).

 

-         Globovisión:

 

El 09 de enero de 2013, por presuntamente incitar al "desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas", y generar "zozobra", y "alteraciones del orden público", la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un procedimiento administrativo sancionatorio a la planta televisiva privada  Globovisión.  Esta investigación se realiza por la difusión de 4 micros audiovisuales referentes a artículos de la Constitución Nacional, y comparaciones de declaraciones de autoridades del Estado Venezolano. Esta acción incluyó una medida cautelar mediante la cual se ordenó a la televisora retirar los micros del aire de forma inmediata, lo que constituye una acción de censura, contraria al derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

Para Conatel, la divulgación de estos contenidos por parte de Globovisión podría considerarse como una "presunta conducta infractora", debido a que pudiesen "promover el odio o las intolerancias por razones políticas, hacer apología o incitar a las alteraciones del orden público, fomentar la zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público; o que se desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas, podrían ocasionar una importante lesión al interés público, la soberanía y la seguridad de la nación".

 

Éste es el octavo procedimiento administrativo que inicia Conatel contra Globovisión, medio que mantiene una línea crítica de la gestión gubernamental actual en el país. En uno de ellos se le aplicó una sanción administrativa, que comprendía una multa por la cobertura informativa del canal. Con este precedente, de aprobarse este procedimiento administrativo sancionatorio por parte de Conatel, según el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, se pudiese aplicar una "multa de hasta un 10% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción, y/o suspensión hasta por setenta y dos horas continuas de sus transmisiones". En el caso de que ente regulador considere que el medio reincidió en la infracción, pudiese revocar la "habilitación administrativa y concesión", permisos otorgados para la operación de la planta televisiva (/alerta?id=3245&y=2013&m=01).

 

Esta investigación coincidió con las declaraciones que había ofrecido horas antes, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; y Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, en alocuciones en vivo transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión, quienes solicitaron a Conatel sancionar a Globovisión por crear zozobra y manipular la información al realizar una errada interpretación del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se refiere al inicio de un nuevo período constitucional, así como el procedimiento de juramentación del presidente electo mediante votaciones populares.

 

Posteriormente, el 10 de enero de 2013, el ministro de Comunicación e Información avaló este procedimiento y argumentó que el canal tenía derecho a la defensa y que había que esperar los resultados de la investigación que realiza Conatel. Además, dijo que la planta televisiva había hecho un uso irresponsable de la Constitución al no mostrar por completo su artículo 231. ( http://www.radiomundial.com.ve/article/ministro-villegas-%E2%80%9Cglobovisi%C3%B3n-escamote%C3%B3-la-constituci%C3%B3n%E2%80%9D-audio)

 

Uso abusivo del poder estatal

 

Representantes del poder ejecutivo han ofrecido declaraciones contra las actuaciones de los medios de comunicación y los periodistas. Estas acciones, que han sido reiteradas, demuestran un uso abusivo del poder estatal,  para desacreditar la labor informativa de la prensa en Venezuela.

                                                                   

-         Guerra psicológica

 

El 03 de enero de 2013, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, en cadena nacional de radio y TV, leyó un comunicado oficial que expresaba: "El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela advierte al pueblo venezolano sobre la guerra psicológica que el entramado mediático trasnacional ha desatado alrededor de la salud del Jefe del Estado, con el fin último de desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela, desconocer la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del pasado 7 de octubre y acabar con la Revolución Bolivariana liderada por Chávez. Propósitos éstos que chocan con la férrea unidad del Gobierno Bolivariano, el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana alrededor del liderazgo e ideario político del Comandante Hugo Chávez"  (/alerta?id=3254&y=2013&m=01).

 

Estos planteamientos fueron ratificados, el 04 de enero de 2013, por el movimiento Periodismo Necesario, coalición de comunicadores sociales y periodistas, que mantienen simpatía con la gestión del Presidente Hugo Chávez,  al manifestar que los medios privados tienen el "propósito de generar zozobra en la población" y realizan un manejo informativo inadecuado sobre la salud del primer mandatario nacional.

 

Por su parte, el 16 de enero de 2013, Roy Chaderton, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, en durante la sesión permanente de esta instancia, calificó al canal privado Globovisión como una "guarida (nido) de delincuentes mediáticos". Chaderton hizo esta aseveración en respuesta a la intervención del embajador de Panamá, Guillermo Cochéz ante el organismo sobre la situación de Venezuela, y sus recientes declaraciones a Globovisión.

 

-         Contra la prensa extranjera

 

El Vicepresidente de la República en varias oportunidades, ha acusado a los medios internacionales de tratar de "crear incertidumbre" e "irrespetar" al pueblo venezolano. El 03 de enero de 2013, en una alocución oficial en cadena nacional Maduro señaló: "han salido artículos, declaraciones en diarios españoles como ABC (…) o Radio Caracol de Colombia, que todos los días irrespeta o pretende irrespetar el pueblo de Venezuela, que se meten con las cosas más sensibles de la vida del comandante Chávez, como lo son sus hijas, sus hijos, su madre, su padre, sus familiares. Radio Caracol, aquí al lado en Colombia, ha (utilizado) su página web (como) fuente de mentiras, manipulaciones, de campañas para tratar de crear incertidumbre". En su línea discursiva contra la labor de la prensa nacional e internacional, Maduro agregó: "no exageramos cuando decimos que esos periodistas de esa ultraderecha tienen un alma miserable. Absolutamente, miserable, y responden a planes antipatria" (/alerta?id=3254&y=2013&m=01).

 

Antes de este hecho, el Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, descalificó una nota periodística titulada "Crecen los rumores sobre la muerte de Chávez", escrita por Milagros Rodríguez, colaboradora de la agencia de noticias italiana Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata). La periodista señalaba que en Caracas se generaban nuevos rumores ante las "incongruencias" de los partes médicos del Presidente, ofrecidos por autoridades ejecutivas del país.  En reacción, en una alocución oficial del 21 de diciembre de 2012. Maduro señaló: "pedimos respeto ante estos titulares, ¡ya basta!, pedimos que respeten a los familiares del presidente Chávez, a sus padres, hermanos y a todo el pueblo venezolano". También, dijo que la nota desarrolla  "un conjunto de especulaciones, de mentiras, de incongruencias, de gente que no existe". Agregó: "Ellos dan esta noticia, que luego ponen a recorrer en las redes sociales, y para luego justificar la noticia realizan entrevistas fantasmas, nosotros decimos responsablemente que el Presidente está estable, cumpliendo con su tratamiento y atendido por sus médicos". (/alerta?id=3258&y=2012&m=12).

 

El Colegio Nacional de Periodista exigió al Vicepresidente de la República y a las autoridades cesar sus descalificaciones, respetar la labor informativa de los periodistas, y a garantizar el acceso de la prensa a los hechos noticiosos que ocurren en el país ( http://www.notitarde.com/Pais/CNP-Caracas-exhorta-a-Maduro-a-bajar-el-tono-al-referirse-a-los-periodistas/2013/01/04/157655 ; http://www.notitarde.com/Pais/CNP-rechaza-descr%C3%A9dito-e-insultos-contra-periodista-de-agencia-Ansa/2012/12/26/156259).

 

2.- Control informativo y opacidad vulneran el derecho de los ciudadanos a saber

 

Estos ataques a la prensa se han derivado del control informativo que ha mantenido el Poder Ejecutivo sobre la enfermedad del Presidente. Desde junio de 2011, los ciudadanos y los medios de comunicación no han conocido información clara, completa y especializada, sobre el estado de salud del Presidente. La vocería de la enfermedad del Presidente la asumió el mismo primer mandatario, desde sus inicios hasta el 8 diciembre de 2012, cuando informó que debía someterse a una nueva intervención quirúrgica por la aparición de nuevas células cancerígenas. Desde ese tiempo, el Vicepresidente de la República y el Ministro de Comunicación e Información han dirigido al  país alrededor de 30 comunicaciones oficiales, que no han mostrado un sustento riguroso de especialistas de la medicina que confirmen y expliquen al país la situación de salud del Presidente.

 

Por esta razón, aún cuando las autoridades ejecutivas alegan haber comunicado al país, a través de alocuciones oficiales de radio y TV, de manera diaria, sobre el estado de salud del primer mandatario (http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/01/04/cronologia-informativa-de-la-salud-del-comandante-presidente-hugo-chavez-303.html ; http://globovision.com/articulo/asi-se-ha-informado-sobre-la-salud-del-presidente-chavez-durante-los-ultimos-2-meses ), en Venezuela ha prevalecido una política de secretismo, con información controlada por el Estado, que no se están sustentadas en informes públicos de una junta médica, que puedan confirmar estos hechos.

 

Asimismo, las autoridades ejecutivas han enviado reiterados mensajes en los que se intenta resguardar el derecho a la privacidad del Presidente por encima del derecho a la información pública, aun cuando se trata de un funcionario público y en cuyo caso el acceso a la información pública debe ser una garantía suprema como en toda sociedad democrática.

 

De manera emblemática, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, dijo el 10 de enero de 2013, que "nadie ha ocultado que el Presidente ha atravesado por una situación compleja y delicada. Aquí ha habido infinidad de comunicaciones a la nación. De hecho, pregúntale a este pueblo si está informado o no. El pueblo sabe que Chávez está pasando por una situación compleja y difícil, que es lo importante, al fin y al cabo; no si le acaban de agarrar una vía o si le acaban de tomar una muestra de sangre. Eso no, eso forma parte de la privacidad de todo ser humano. Todo el que ha tenido un familiar o ha estado enfermo, lo comprende. Se sabe que el Presidente tiene una situación compleja y difícil, que tiene una insuficiencia respiratoria producto de una infección pulmonar, eso lo hemos dicho, y él está batallando ( http://www.radiomundial.com.ve/article/ministro-villegas-%E2%80%9Cglobovisi%C3%B3n-escamote%C3%B3-la-constituci%C3%B3n%E2%80%9D-audio).

Por su parte, el 5 de enero de 2013, en el marco de la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, Vicepresidente de la República manifestó que el Presidente de la República "tiene derecho a su privacidad y a recuperarse". Por ello, exhortó a los medios a que "respeten la democracia", a apegarse  apéguense a la verdad y "no jugar con candela" (advertencia de no incentivar a la violencia). También, hizo la advertencia: "tenemos cargos públicos, vamos a actuar para que se respete al pueblo de Venezuela" ( http://www.telesurtv.net/articulos/2013/01/05/nicolas-maduro-todos-los-escenarios-que-vengan-los-enfrentaremos-victoriosamente-673.html/todos-los-escenarios-los-enfrentaremos/@@thumbnail_pequeno).

 

3.- Supremacía del interés colectivo debe prevalecer en el manejo informativo oficial

 

En esta coyuntura que atraviesa el país, hay que recordar que debe garantizarse la supremacía del derecho a la libertad de expresión y a la información, debido a que debe prevalecer el interés público de conocer y manejar información completa y acertada sobre la salud del principal dirigente del país.

 

En palabras de Héctor Faúndez, abogado, experto en esta área, "la actividad de los funcionarios debe ser transparente, y debe desarrollarse a la luz pública; después de todo el propósito de la libertad de expresión es, precisamente, poder juzgar y evaluar la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas". Agrega que la vida privada de los funcionarios públicos, no puede desligarse de los asuntos de la administración del Estado. Explica: "la forma como una persona conduzca su vida privada, además de reflejar su carácter, también permite juzgar su honestidad y pulcritud en el manejo de los asuntos del Estado, así como su capacidad física y mental para hacerlo correctamente". (Faúndez, 2004. Los Límites de la libertad de expresión, pág. 652, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1540/8.pdf).

 

Sin embargo, la presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Moreales, en una entrevista en el programa Contra golpe transmitido por Venezolana de Televisión el 21 de enero de 2013, aseguró: "Tenemos una información permanente del estado de salud del presidente de la República. Hay una línea muy delgada que hay que respetar. El presidente tiene derecho a la privacidad de su persona, y además el derecho a la salud. Entonces, sería perturbar una situación  que viene de una manera natural desenvolviéndose, con los médicos de su confianza, y de su familia. No tendría ningún sentido, que nosotros irrumpiéramos de una manera irrespetuosa en la privacidad del jefe del jefe de Estado, en este momento. Asimismo, manifestó: ""en este momento no hay condiciones objetivas para que  permitan al Tribunal Supremo de Justicia plantear la necesidad de una junta médica" ( http://multimedia.vtv.gob.ve/es/#!/programas/analisis/contragolpe/contragolpe-13354)  

 

Evidencias y veracidad

 

Entre tanto, la Alianza por la Libertad de Expresión, coalición de ONG, organizaciones gremiales y académicas venezolanas, de la que IPYS Venezuela forma parte, exhortó a los "poderes públicos a que presenten a la brevedad información clara, completa, de fuentes calificadas, con pruebas y evidencias que permitan la comprobación de su veracidad, que no requiera un acto de fe por parte de los ciudadanos, sobre el estado de la salud del presidente, que ayude superar con suficiencia las dudas que surjan en cualquier sector de la sociedad"(/news_deinteres?tipoPub=Nacionales&id=3259). 

 

La proporción de información transparente, validada y sin ningún tipo de sesgo de parte de las autoridades gubernamentales del país garantizará que los todos poderes públicos, en respeto a la institucionalidad e independencias, así como las diversas instancias de la vida pública, y los ciudadanos en general puedan tomar decisiones acertadas sobre la conducción de sus actividades rutinarias, e incidirá en que cesen las especulaciones y rumores.

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Lea la versión en inglés

 

The radicalization of aggressions against the press and a lack of clarity have characterized the way in which the State has handled the information on the health of the President

The records permanently kept by the IPYS Venezuela (Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela in Spanish) on the right to freedom of expression and information evidence that the national government´s handling of information on the health of the president of the republic Hugo Chávez have been lacking in transparency, the correlation of which is an aggressive discourse towards the national and foreign press. Several representatives of the executive power have recurrently disqualified, intimidated and accused the journalists and the media of disowning the government´s legitimacy, for presenting information from various sources on the health of the nation´s head of government.

 

Since the president informed  on December 8, 2012, that he had to undergo a new surgical intervention in Cuba, due to the appearance of new cancer cells on account of a relapse of the cancer he is suffering since mid-2011, representatives of the executive power have accused the national and foreign media of keeping up a "destabilizing campaign", through the alleged "malicious" handling of the news coverage of the health of the head of government and the way the nation is being governed during his absence from the national territory.

 

Plurality and diversity of the media at risk

 

In this context, the start of sanction-based administrative proceedings has been recorded, and the recurrent use of compulsory official allocutions on radio and television (the majority of which are for national compulsory broadcasting) as well as the repeated use of state-owned media to disseminate messages criminalizing the private and independent media´s labor of informing. This situation attempts against the fundamental rights to plurality and diversity on which the freedom of expression, an indispensable principle in democratic cohabitation, is based.

 

Likewise, these official reactions against the press do not favor the socio-political climate in the nation, which is besides marked by imprecise and scarce diffusion by the official sector of information corroborated through reliable, qualified, pertinent and timely sources; as well as the spreading of rumors, which could affect the nation´s stability.

 

This situation responds to the radicalization of the government´s policy which limits access to public information, a fundamental right permitting the citizens access to unbiased details on affairs of collective interest regarding state institutions and public officials. In this manner, opacity has characterized the national government´s information strategy on the illness of the president of the republic, Hugo Chávez.  

 

The clarity, precision and reliability of specialized information have been the great absentees. Although Nicolás Maduro, the vice-president of the republic, and Ernesto Villegas, the minister of communications, have issued close to 30 official messages to the nation on the health of the president, since December 10, 2012, these communiqués are lacking in rigorousness. Therefore it can be considered that the media and the citizens have not received valid medical information from certified professionals in this field, describing the health condition of the head of state since June 2011. Society in general has not had access to a specialized report prepared by a Venezuelan medical board that sheds light on the situation.

 

Faced with this panorama, the citizens´ right to know the detailed conditions on the state of the president´s health is being limited although it is information of collective interest, and the principles of freedom of expression and public information consecrated in articles 57, 58 and 143 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela are being violated.

 

The state of health of the president as information of public interest

 

The attitude by the public authorities towards the media and the journalists on the handling of the information on the health of the president ratifies the acute limitations and hostility that affects the freedom of expression in the nation in the past few years. This is verified by 2012 data from de IPYS Venezuela when at least 200 cases of assaults and aggressions against workers and social communication companies were counted. This figure represents the highest record of violations against the press in the past 10 years; and double the cases recorded in 2011, when 94 incidents were reported.

 

In a similar fashion, the representatives of the executive power and the judiciary power have attempted to subordinate the freedom of expression and information by appealing to the respect for the privacy of the president of the republic, forgetting that precise, rigorous and specialized information on the health of the head of state, is a primordial topic of interest for all the sectors of society, based on articles 57, 58 and 143 of the constitution of the Bolivarian republic of Venezuela and in the declaration of principles for the freedom of expression of the Inter-American Human Rights Commission, which sets forth that:  "Privacy laws shall not hinder or restrict the investigation and dissemination of information of public interest" (Principle Nº 10). And adds: "Public officials are subjected to greater scrutiny by society" (Principle Nº 11). The health of the president of the republic is a situation that affects the performance of his functions, so it is fundamental for the citizens to have clear and timely access to the corresponding information.

 

Faced with these facts that jeopardize the warranties and full exercise of the freedom of expression in Venezuela, IPYS Venezuela exhorts the Venezuelan state to inform in a clear, real and transparent manner and based on the report by a medical board on the president´s state of health. It also requests that it cease the systematic hostility towards the work of the national and foreign press and to guarantee the necessary measures for the journalists and the media to conduct their work free from all manner of risks, threats and censorship. In a similar fashion, IPYS Venezuela calls for the journalists and the national and foreign media, to do their work of informing as per the ethical principles that are the basis for journalistic endeavors.

 

Next is an analysis on the attack to the media and the dimensions of the limitations to access to public information promoted by the national government on the handling of information regarding the state of health of the president.

 

 

1.- The executive power has criminalized the press´s labor of informing

 

IPYS Venezuela presents a brief summary of the obstacles faced by the press in Venezuela, during the coverage of information on the president´s health and its challenges for democratic life, at the start of a new constitutional period. These repeated events also represent a risk to the full respect and warranties for the freedom of expression and information, as per articles 57 and 58 of the constitution of the Bolivarian republic of Venezuela. Besides, they do not correspond to the principles as set forth in the Universal Declaration of Human Rights, the International Pact on Civil and Political Rights, and the Declaration of Principles on Freedom of Expression.

 

Sanction-based proceedings

 

-         La Tele, Candela Pura 91.9 FM and Es 96.9 FM:

 

In the course of these days, investigations have been initiated against the media for alleged infractions. One of these cases took place on January 3, 2013, when the National Telecommunications Commission (Conatel), an executive dependence in charge of regulating telecommunication activities in the nation, ascribed to the vice-presidency of the republic, started a sanction-based administrative proceeding against private TV station La Tele; and radio stations Candela Pura 91.9 FM and Es 96.9 FM (media based in Caracas, Federal district) for not having aired the compulsory national radio and TV broadcast, as per a provision of the Law on the Social Responsibility of the Radio, Television and Electronic Media. These compulsory, recurrent messages run counter to the principles of plurality and diversity which are the basis for freedom of expression.  These sanction-based administrative proceedings could derive in sanctions against these media.

 

Pedro Maldonado, the director of Conatel informed that "it was verified that three media did not abide by the compulsory airing of the presidential allocution and one of them did so with a certain delay or aired it with some delays". It was an official allocution by Ernesto Villegas, the minister of communications and information, offering a bulletin related to the state of health of President Hugo Chávez. Pedro Maldonado declared that this entity is vigilant to "carry out any type of administrative procedure to safeguard the Venezuelan people´s right to peace, tranquility and calm" (/alerta?id=3247&y=2013&m=01).

 

 

 

 

-         Globovisión:

 

On January 9, 2013, for allegedly inciting towards "disowning the legitimately constituted authorities", generating "gloom and doom" and "altering the public order", the National Telecommunications Commission (Conatel) started a sanction-based administrative proceeding against private TV plant Globovisión.  This inquiry was on account of the broadcasting of 4 audiovisual micro-segments referring to articles of the national constitution, and comparisons of statements by Venezuelan state authorities. This action included a precautionary measure instructing the TV station to withdraw the micros from the air immediately, which is tantamount to censorship, and is counter to the right to legal defense and due process. 

 

In the opinion of Conatel, by Globovisión disseminating these contents could be considered as an "alleged infraction conduct", since it could "promote hatred or intolerance for political reasons, to make an apology or incite towards altering the public order, spread gloom and doom in the citizens or disrupt the public order; or disowning the legitimately constituted authorities could bring about important lesions against the public interest, and the nation´s sovereignty and security".

 

This is the eighth administrative procedure started by Conatel against Globovisión, a media that maintains a critical approach towards the current government´s performance. In one case, an administrative sanction was applied, including a hefty fine for the channel´s coverage of the news. With this precedent, if this sanction-based administrative procedure is approved by Conatel as per article 29 of the Law on the Social Responsibility of the Radio, Television and Electronic Media, a "fine of up to 10% of the gross income of the tax year immediately prior to that in which the infraction was committed and/or the suspension of its broadcasting for up to seventy-two continuous hours" could be applied. If the regulatory entity considers that the station committed the infraction once again, it could revoke the "administrative permit and concession", permits granted for the TV station to be able to operate (/alerta?id=3245&y=2013&m=01).

 

This inquiry coincided with the declarations offered a few hours earlier by Diosdado Cabello, president of the national assembly and Rafael Ramírez, minister of energy and petroleum, in live allocutions aired by state-owned channel Venezolana de Televisión, who requested that Conatel sanction Globovisión for spreading gloom and doom and manipulate the information to offer an erroneous interpretation of article 231 of the constitution of the Bolivarian republic of Venezuela, which refers to the start of a new constitutional period, and the swearing-in procedure of the elected president through popular vote.

 

Later, on January 10, 2013, the minister of communications and information endorsed this procedure and argued that the channel had a right to defend itself and await the results of the inquiry by Conatel. It also stated that the TV plant had made an irresponsible use of the constitution by not showing the full content of article 231. ( http://www.radiomundial.com.ve/article/ministro-villegas-%E2%80%9Cglobovisi%C3%B3n-escamote%C3%B3-la-constituci%C3%B3n%E2%80%9D-audio)

 

The abusive use of the state´s power

 

Representatives of the executive power have offered statements against the acts by the media and the journalists. These repeated actions demonstrate the abusive use of the state´s power to discredit the work of the press of divulging information in Venezuela.

                                                                   

-         Psychological warfare

 

On January 3, 2013, Ernesto Villegas, the minister of communications and information, read an official communiqué on a national radio and TV compulsory broadcast stating that "The government of the Bolivarian republic of Venezuela warns the Venezuelan people about the psychological warfare unleashed by the transnational media web on the health of the head of state, for the ultimate purpose of destabilizing the Bolivarian republic of Venezuela, disown the people´s will expressed in the presidential elections which took place last October 7 and put an end to the Bolivarian revolution spearheaded by Chávez. Which collide with the iron-clad unity of the Bolivarian government, the organized people and the Bolivarian National Armed Force around the leadership and political ideas of commander Hugo Chávez"  (/alerta?id=3254&y=2013&m=01).

 

These statements were ratified on January 4, 2013, by a movement entitled Periodismo Necesario, a coalition of social communicators and journalists who are supporters of president Hugo Chávez´ mandate, when they issued a statement that the private media have the "purpose of generating gloom and doom in the population" and inadequate handling of information about the health of the head of state.

 

On the other hand, on January 16, 2013, Roy Chaderton, the Venezuelan ambassador to the Organization of American States, during the permanent session of that entity, qualified private TV channel Globovisión as a "den (nest) of media delinquents". Chaderton made this statement in response to the intervention by the ambassador of Panama, Guillermo Cochéz on the situation in Venezuela and his recent declarations to Globovisión.

 

-         Against the foreign press

 

The vice-president of the republic has accused the international media on several occasions of attempting to "create uncertainty" and "disrespecting" the Venezuelan people. On January 3, 2013, in an official allocution on a national broadcast Maduro pointed out that "articles and declarations have been published in Spanish newspapers such as ABC (…) or Radio Caracol of Colombia, that every day it disrespects or attempts to disrespect the people of Venezuela, that are meddling in the most sensitive affairs of the life of commander Chávez, his daughters and sons, his mother, his father and family members. Radio Caracol, right next to us in Colombia, has used its web page as a source of lies, manipulations, and (smear) campaigns to attempt to create uncertainty". In his line of discourse against the work of the national and foreign press, Maduro added that "we are not exaggerating when we say that those ultra-right journalists have a miserable soul. Absolutely miserable and they respond to anti-national plans" (/alerta?id=3254&y=2013&m=01).

 

Prior to this, the vice-president of the republic, Nicolás Maduro, disqualified a press note entitled "Rumors are running on the death of Chávez", written by Milagros Rodríguez, collaborator at the Italian news agency Ansa (Agenzia Nazionale Stampa Associata). The journalist pointed out that in Caracas new rumors were running as a result of the "incongruent information" in the medical reports on the president´s health issued by the nation´s executive authorities.  In reaction to this, during an official allocution on December 21, 2012, Maduro pointed out that "in light of these headlines we ask for respect, enough is enough! We ask that you respect the family members of president Chávez, his parents, his siblings and the entire people of Venezuela". He also stated that the note develops "a series of speculations, lies, inconsistent information, and people who do not exist". He added that "They spread these news, which are later spread in social networks, and to justify the news they conduct phantom interviews, we are saying with all responsibility that the president is in stable condition, complying with his medical treatment and cared for by his physicians". (/alerta?id=3258&y=2012&m=12).

 

The National College of Journalists demanded that the vice-president of the republic and all the authorities to stop disqualifying, to respect the labor of informing conducted by the journalists, and to guarantee access to the press to any news events that take place in the nation ( http://www.notitarde.com/Pais/CNP-Caracas-exhorta-a-Maduro-a-bajar-el-tono-al-referirse-a-los-periodistas/2013/01/04/157655 ; http://www.notitarde.com/Pais/CNP-rechaza-descr%C3%A9dito-e-insultos-against-periodista-de-agencia-Ansa/2012/12/26/156259).

 

2.- Control of the information and opacity infringe upon the right of citizens to know what is happening

 

These attacks to the press have derived from the control of the information by the executive power as to the president´s illness. Since June 2011, the citizens and the media have not received clear, complete and specialized information on the state of health of the president. The spokesperson on the president´s disease was the head of state himself, from the start until December 8, 2012, when he announced that he had to undergo another surgical intervention due to the appearance of new cancer cells. From then on the vice-president of the republic and the minister of communications and information have offered close to 30 official communiqués, none of which have offered a rigorous backing by medical specialists that would confirm and explain the president´s health condition to the nation.

 

For this reason, even when the executive authorities alleged that they have kept the nation abreast of the news, through daily official radio and TV allocutions on the head of state´s health (http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/01/04/cronologia-informativa-de-la-salud-del-comandante-presidente-hugo-chavez-303.html ; http://globovision.com/articulo/asi-se-ha-informado-sobre-la-salud-del-presidente-chavez-durante-los-ultimos-2-meses ), a secrecy policy has prevailed in Venezuela, through state-controlled information not backed by public reports by a medical board that would confirm these facts.

 

The executive authorities have also sent repeated messages attempting to safeguard the president´s right to privacy above and beyond the right to public information, even though he is a public official, in which case, access to public information should be a supreme warranty as it is in any democratic society.

 

In a very emblematic manner, Ernesto Villegas, the minister of communications and information, stated on January 10, 2013, that "nobody has hidden the fact that the President has gone through a complex and delicate situation. The nation has received endless amounts of communiqués. In fact, ask the people if they are informed or not. The people know that Chávez is going through a complex and difficult situation which, in the end, is what´s important; not if a line to inject him with medicines has just been taken or if a blood sample was extracted. Not that. That is part of the private life of any human being. Anyone who has had a sick family member or has been sick themselves understands this. It is known that the President is in a complex and difficult situation, that he presents a respiratory insufficiency as a result of a pulmonary infection, we have said so, and he is battling to get better ( http://www.radiomundial.com.ve/article/ministro-villegas-%E2%80%9Cglobovisi%C3%B3n-escamote%C3%B3-la-constituci%C3%B3n%E2%80%9D-audio).

On the other hand, on January 5, 2013, during the swearing in of the new board of directors of the national assembly, Nicolás Maduro, the vice-president of the republic, stated that the President of the republic "has a right to his own privacy and to take time to recover". For this reason he exhorted the media to "respect democracy", to stick to the truth and "stop playing with fire" (a warning to not foster violence). He also warned: "we hold public positions and shall act so that the people of Venezuela are respected" ( http://www.telesurtv.net/articulos/2013/01/05/nicolas-maduro-todos-los-escenarios-que-vengan-los-enfrentaremos-victoriosamente-673.html/todos-los-escenarios-los-enfrentaremos/@@thumbnail_pequeno).

 

3.- The supremacy of the collective interest must prevail over the handling of official information

 

In this particular watershed, we must remember to guarantee the supremacy of the right to freedom of expression and information, and the public interest must prevail and be given information that is complete and appropriate on the health of the nation´s leader.

 

In the words of Héctor Faúndez, a lawyer that is expert on this subject, "public officials must act with transparency, and must be done in the public light; after all, the purpose of freedom of expression is precisely to be able to judge and evaluate the decisions made by the public authorities". He added that the private life of public officials cannot be separate from state administration affairs. He explained it thus: "the manner in which a person conducts his private life, besides revealing his character, also permits us to judge his honesty and transparent handling of the affairs of the state, as well as his mental and physical capacity to do the right thing". (Faúndez, 2004. The limits of the freedom of expression, page 652, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1540/8.pdf).

 

However, Luisa Estella Morales, the chairwoman of the Supreme Court of Justice (TSJ for its acronyms in Spanish), during an interview in a program called Contra Golpe aired on Venezolana de Televisión on January 21, 2013, stated that "We have permanent information on the state of health of the president of the republic. There is a very thin line which must be respected. The president as a person has a right to privacy, and also a right to do what it takes health-wise. So it would be to perturb a situation which is taking its natural course, with the doctors trusted by him and his family. It would make no sense for us to disrespectfully trample the privacy of the head of state at this moment in time. And she also stated that ""at present the objectives conditions do not exist that would permit the Supreme Court of Justice to pose the need for a medical board" ( http://multimedia.vtv.gob.ve/es/#!/programas/analisis/againstgolpe/againstgolpe-13354)  

 

Evidences and veracity

 

In the meantime the Alliance for Freedom of Expression, a coalition of NGOs, union organizations and Venezuelan academia of which IPYS Venezuela is part, exhorted the "the public powers to present as soon as possible clear, complete information from qualified sources with proof and evidence so as to verify the veracity thereof, not requiring a leap of faith by the citizens, on the president´s health status, so as to sufficiently overcome any doubts in any sector of our society"(/news_deinteres?tipoPub=Nacionales&id=3259). 

 

If the nation´s governmental authorities provide transparent, validated and unbiased information this would guarantee that all the public powers, in respect of institutionalism and independence, and all instances of public life as well as the citizens in general can make the right choices on how to conduct their daily activities, and would stop speculations and rumors in their track.


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