Caracas: Autoridades estatales ordenaron sancionar penalmente a medio impreso
El 10 de octubre de 2013, autoridades del Estado Venezolano
ordenaron abrir una investigación contra el Diario 2001
-periódico de la corporación privada Bloque de Armas con sede
en Caracas, Distrito Capital- tras la publicación de un reportaje
con sustentaba la denuncia sobre la escasez del suministro de
gasolina. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz
informó que su despacho inició las averiguaciones contra este medio
por generar "zozobra".
El 10 de octubre de 2013, autoridades del Estado Venezolano
ordenaron abrir una investigación contra el Diario 2001
-periódico de la corporación privada Bloque de Armas con sede
en Caracas, Distrito Capital- tras la publicación de un reportaje
con sustentaba la denuncia sobre la escasez del suministro de
gasolina. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz
informó que su despacho inició las averiguaciones contra este medio
por generar "zozobra". El Presidente de la República pidió "el
castigo más severo".
La Fiscal de la República informó que el Diario 2001
publicó "informaciones que buscan crear caos, inquietud, zozobra en
la colectividad", ante la publicación de un reportaje, el mismo
día, que indicaba algunas deficiencias en el abastecimiento de
combustible en estaciones de servicio de gasolina, y que fue
titulado: "La gasolina la echan con gotero" (
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/la-gasolina-la-echan-con-gotero.html).
Ortega Díaz indicó que esta información periodística podría
formar parte de un plan de "desestabilización", que busca
perjudicar la institucionalidad en el país. "Vamos a tener que
actuar con severidad", dijo al tiempo que agregó que la su oficina
designó un fiscal con competencia nacional para adelantar las
averiguaciones por este caso (
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=haDE7HyLWio).
El reportaje del Diario 2001 refirió que los "usuarios se quejan
por la falta de gasolina de 91 octanos (…) consumidores hacen colas
de hasta dos horas para surtirse. El trabajo indicó que las
"estaciones de servicio reciben menos de la mitad de combustible de
hace tres años".
Con la edición del día en la mano y tras calificar el titular
como "grosero y cochino", el Presidente de la República Nicolás
Maduro señaló que este hecho "es un delito". Denuncio al Bloque de
Armas por este titular y si en la aplicación de la ley se tiene que
ir al castigo más severo (…) que se vaya". "Hay que defender a la
sociedad de estos bandidos, a estos delincuentes que la atacan
desde sus medios de comunicación" (
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=knBb-Fx3yMI).
Maduro justificó la solicitud de su medida al calificar que
desde el Diario 2001, "vienen a sabotear el sistema de distribución
de gasolina y hidrocarburos" del país.
"A mí nadie me va a acusar en Venezuela ni en el mundo de ser
cercenador de la libertad de expresión. Éste es un país libre (…)
pero una cosa es la libertad de expresión y otra es el
libertinaje", agregó el primer mandatario nacional.
En la misma línea discursiva se pronunció Rafael Ramírez,
Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de Petróleos de
Venezuela, principal empresa estatal. El 11 de octubre de 2013,
rechazó la campaña que promueven los medios de comunicación
contra la compañía pública que él dirige. ""Estamos cansados de que
a través de ciertos medios de comunicación de manera permanente y
sistemática se cree una situación de zozobra en nuestro país"
(
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xAwYPEWMDNM).
En una conversación con IPYS Venezuela, Luz Mely Reyes,
directora del Diario 2001 consideró que la reacción del Presidente
contra el periódico es "desproporcionada". Cuestionó que desde las
autoridades públicas se reacciones de esta manera en vez de apelar
a los recursos que existen en la legislación venezolana para
resolver cualquier diferencia de criterios con respecto a una
información periodística.
Hasta el momento de la redacción de esta alerta, el Diario 2001
no había recibido formalmente alguna notificación referente al
inicio de un proceso judicial. También, desconocían los cargos por
los cuales se les pudiese imputar algún delito, de acuerdo a los
señalamientos realizados por las autoridades del Estado
venezolano.
Las acusaciones que motivan la penalización de la expresión e
información son contrarias a los principios constitucionales y los
estándares internacionales de libertad de expresión. IPYS Venezuela
ha determinado un uso abusivo del poder estatal que busca intimidar
a los periodistas y medios de comunicación con la intención de
censurar informaciones y denuncias de interés colectivo.
Etiqueta: acción legal, uso abusivo del poder
estatal
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