El 10 de octubre de 2013, autoridades del Estado Venezolano ordenaron abrir una investigación contra el Diario 2001  -periódico de la corporación privada Bloque de Armas con sede en Caracas, Distrito Capital- tras la publicación de un reportaje con sustentaba la denuncia sobre la escasez del suministro de gasolina. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz informó que su despacho inició las averiguaciones contra este medio por generar "zozobra".

El 10 de octubre de 2013, autoridades del Estado Venezolano ordenaron abrir una investigación contra el Diario 2001  -periódico de la corporación privada Bloque de Armas con sede en Caracas, Distrito Capital- tras la publicación de un reportaje con sustentaba la denuncia sobre la escasez del suministro de gasolina. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz informó que su despacho inició las averiguaciones contra este medio por generar "zozobra". El Presidente de la República pidió "el castigo más severo".

La  Fiscal de la República informó que el Diario 2001 publicó "informaciones que buscan crear caos, inquietud, zozobra en la colectividad", ante la publicación de un reportaje, el mismo día, que indicaba algunas deficiencias en el abastecimiento de combustible en estaciones de servicio de gasolina, y que fue titulado: "La gasolina la echan con gotero" ( http://www.2001.com.ve/con-la-gente/la-gasolina-la-echan-con-gotero.html).

Ortega Díaz indicó que esta información periodística podría formar parte de un plan de "desestabilización", que busca perjudicar la institucionalidad en el país. "Vamos a tener que actuar con severidad", dijo al tiempo que agregó que la su oficina designó un fiscal con competencia nacional para adelantar las averiguaciones por este caso ( http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=haDE7HyLWio).

El reportaje del Diario 2001 refirió que los "usuarios se quejan por la falta de gasolina de 91 octanos (…) consumidores hacen colas de hasta dos horas para surtirse. El trabajo indicó que las "estaciones de servicio reciben menos de la mitad de combustible de hace tres años".

Con la edición del día en la mano y tras calificar el titular como "grosero y cochino", el Presidente de la República Nicolás Maduro señaló que este hecho "es un delito". Denuncio al Bloque de Armas por este titular y si en la aplicación de la ley se tiene que ir al castigo más severo (…) que se vaya". "Hay que defender a la sociedad de estos bandidos, a estos delincuentes que la atacan desde sus medios de comunicación" ( http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=knBb-Fx3yMI).

Maduro justificó la solicitud de su medida al calificar que desde el Diario 2001, "vienen a sabotear el sistema de distribución de gasolina y hidrocarburos" del país.

"A mí nadie me va a acusar en Venezuela ni en el mundo de ser cercenador de la libertad de expresión. Éste es un país libre (…) pero una cosa es la libertad de expresión y otra es el libertinaje", agregó el primer mandatario nacional.

En la misma línea discursiva se pronunció Rafael Ramírez, Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de Petróleos de Venezuela, principal empresa estatal. El 11 de octubre de 2013, rechazó la campaña que promueven  los medios de comunicación contra la compañía pública que él dirige. ""Estamos cansados de que a través de ciertos medios de comunicación de manera permanente y sistemática se cree una situación de zozobra en nuestro país" ( http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xAwYPEWMDNM).

En una conversación con IPYS Venezuela, Luz Mely Reyes, directora del Diario 2001 consideró que la reacción del Presidente contra el periódico es "desproporcionada". Cuestionó que desde las autoridades públicas se reacciones de esta manera en vez de apelar a los recursos que existen en la legislación venezolana para resolver cualquier diferencia de criterios con respecto a una información periodística.

Hasta el momento de la redacción de esta alerta, el Diario 2001 no había recibido formalmente alguna notificación referente al inicio de un proceso judicial. También, desconocían los cargos por los cuales se les pudiese imputar algún delito, de acuerdo a los señalamientos realizados por las autoridades del Estado venezolano.

Las acusaciones que motivan la penalización de la expresión e información son contrarias a los principios constitucionales y los estándares internacionales de libertad de expresión. IPYS Venezuela ha determinado un uso abusivo del poder estatal que busca intimidar a los periodistas y medios de comunicación con la intención de censurar informaciones y denuncias de interés colectivo.

Etiqueta: acción legal, uso abusivo del poder estatal