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18/07/2013  Bolívar Bolívar: Solicitan en tribunales una sanción administrativa contra diario local, y detienen al demandante por asuntos ajenos a su actividad mediática

Yamal Mustafá, dueño del diario Primicia, periódico privado de tendencia oficialista, acudió a los tribunales del estado Bolívar para demandar por "daños y prejuicios" al diario privado local Correo del Caroní y a su presidente David Natera. 

El 18 de julio de 2013, Yamal Mustafá, dueño del diario Primicia, periódico privado de tendencia oficialista, acudió a los tribunales del estado Bolívar para demandar por "daños y prejuicios" al diario privado local Correo del Caroní y a su presidente David Natera. La acción civil -que podría derivar en una sanción tributaria- se fundamentó en la supuesta "campaña de descrédito que han emprendido en su contra", al parecer por la difusión de información sobre casos de corrupción en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, en los que se presume que está vinculado Mustafá en su calidad de empresario. Por motivaciones no vinculadas a la libertad de expresión, el presidente de Primicia, también, fue detenido por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y trasladado a la sede de este organismo donde se espera que rinda declaraciones por las irregularidades que se han presentado la empresa de industrias básicas.

El diario Primicia, en su edición impresa, informó que Yamal Mustafá acudió a los tribunales "para demandar por daños y prejuicios a David Natera Febres y la sociedad mercantil Editorial Roderick C.A., editora del diario Correo del Caroní, por la campaña de descredito que han emprendido en su contra y la de su familia. Esta demanda civil se suma a la querella penal" presentada por el empresario el 15 de julio de 2013 contra Natera y el diputado de la Asamblea Nacional Andrés Velásquez, por presunta difamación en injuria ( http://4c0a666e81403516f28f-f5e0c7a23b8e3e35759f7c37be0bf87a.r2.cf1.rackcdn.com/2013-07-19/index.html)

Según la información publicada por IPYS Venezuela la pdemanda penal se presentó ante los tribunales "por ser autores culpables y penalmente responsables de la perpetración de los delitos de difamación e injuria agravadas en  acción continuada, descritos en los artículos 444 único aparte y 446 último  aparte, en relación con lo estipulado en el artículo 99, todos del código penal". En esta solicitud judicial, también se acusó a la reportera Clavel Rangel, quien cubre la fuente laboral en el Correo del Caroní. En la acción legal se solicitó a la instancia judicial una medida de censura para prohibir al Correo del Caroní y a los medios locales difundir informaciones sobre las investigaciones legales que están en curso por supuestos hechos de corrupción en Ferrominera del Orinoco (FMO) -empresa estatal que forma parte de las industrias básicas de Guayana- por los que emprendió esta medida legal (/alerta?id=3535).

Las demandas civiles pueden derivar en sanciones administrativas que implican el pago de multas financieras, que pueden ser consideradas como medidas indirectas que buscar limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Detención no vinculada a la libertad de expresión

El 18 de julio de 2013, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), cuerpo de seguridad del Estado, detuvieron a las afueras de la sede del diario Primicia a Yamal Mustafá. Así lo constataron 3 reporteros de este medio quienes se encontraban en las adyacencias del lugar cuando ocurrió el hecho y fue corroborado por el Ministerio Público.

Los periodistas contaron que funcionarios con armas de alta potencia, de manera violenta procedieron a arrestar a Mustafá. Trascendió que fue trasladado a la sede del organismo militar.

Sin embargo, en la información que presenta el diario Primicia no hizo alusión al proceso de detención. El medio refiere que el empresario "presta declaración ante una comisión de la Dirección de Inteligencia Militar" y está "colaborando con la justicia".

Por su parte, el Ministerio Público informó el 19 de julio de 2013 que en las próximas horas- realizarán la audiencia de presentación el caso de Mustafá, en calidad de representante de la empresa americana Muszam Investment INC., "por su presunta vinculación con las irregularidades ocurridas en la CVG Ferrominera Orinoco C.A., durante la gestión del ex presidente Radwan Sabbagh". Por este caso, también han sido aprehendidos otros trabajadores de confianza de esta empresa estatal, así como personas externas (entre los que están funcionarios públicos) presuntamente relacionadas a irregularidades por extorsión y malversación de fondos de esta institución del Estado (http://bit.ly/114zgjo).

Por esta razón, se considera que la detención de Mustafá no está vinculada a sus funciones como dueño y presidente del diario Primicia, por lo que las motivaciones del caso, son ajenas a la libertad de expresión e información, de acuerdo a la nota de prensa divulgada por el Ministerio Público.  

Etiqueta: acción administrativa, ampliación 

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Lea la versión en inglés


Bolívar: an administrative sanction against local newspaperwas requested from the courts and the plaintiff is arrested due to affairs different from his media-relatedactivity

On July 18, 2013, Yamal Mustafá, owner of the newspaper Primicia, a private daily leaning towards the official party views, went to the courts of Bolívar state to sue local private newspaper El Correo del Caroní and its president David Natera for "damages and perjury". The civil lawsuit - which could derive in a monetary fine or sanction - was based on the alleged "smear campaign initiated against him", apparently for disseminating information on corruption charges on state-owned company Ferrominera del Orinoco, in which Mustafá is presumably involved in his position as entrepreneur. For reasons not linked to freedom of expression, the president of Primicia was also arrested by officers of the military intelligence unit (DIM) and taken to the entity´s headquarters where he is expected to give his statement on the irregularities which have taken place in the basic industries enterprise.

In its printed edition, Primicia informed that Yamal Mustafá went to the courts "to sue David Natera Febres and mercantile society Editorial Roderick C.A., editor of the newspaper El Correo del Caroní, for damages and perjury on account of the smear campaign initiated against him and his family. This civil suit goes hand in hand with the criminal complaint" presented by the entrepreneur on July 15, 2013 against Natera and national assembly congressman Andrés Velásquez, for alleged slander and injury ( http://4c0a666e81403516f28f-f5e0c7a23b8e3e35759f7c37be0bf87a.r2.cf1.rackcdn.com/2013-07-19/index.html)

Based on information published by IPYS Venezuela the lawsuit was filed at the courts "for being the culpable and criminally responsible authors of the perpetration of the crimes of aggravated and continued slander and injury as described in articles 444 single paragraph and 446 last paragraph, and article 99 of the Criminal Code". This legal suit also accused reporter Clavel Rangel, who covers labor-related affairs at the Correo del Caroní. The lawsuit requested that the legal instance issue a gag order to forbid the Correo del Caroní and local media to publish information on the ongoing legal inquiry on the alleged corruption charges against Ferrominera del Orinoco (FMO) -a state-owned company which is part of the basic industries in Guayana- for which reason this lawsuit was initiated (/alerta?id=3535).

Civil lawsuits can derive in administrative sanctions involving the payment of monetary fines, which may be deemed indirect measures seeking to limit freedom of expression and the right to information.

Arrest, not linked to freedom of expression

On July 18, 2013, officials of the military intelligence unit (DIM), a state security corps, arrested Yamal Mustafá outside the headquarters of Primicia newspaper. This was verified by 3 reporters of that media who were in the vicinity when this happened, and was corroborated by the public prosecutor.

The journalists said that officials with high-caliber weapons proceeded violently to arrest Mustafá. It transpired that he was then taken to the headquarters of the military unit.

However, as per the information offered by Primicia, the newspaper made no allusion to this arrest procedure. The media referred that the businessman "is giving his statement to a military intelligence unit commission" and is "cooperating with the justice power".

In turn, the public prosecutor informed on July 19, 2013 that in the next few hours the initial hearing on the case of Mustafá shall begin, as representative of U.S. company Muszam Investment INC., "for his alleged link to irregularities which have taken place at CVG Ferrominera Orinoco C.A., during the term of its former chairman Radwan Sabbagh". Other top-level employees have been apprehended regarding this case involving the state-owned company, as well as persons not working in it (including public officials) allegedly related to irregularities on account of extortion and embezzled funds at this state-owned institution (http://bit.ly/114zgjo).

For this reason, it is considered that Mustafá´s arrest was not linked to his functions as the owner and chairman of Primicia newspaper, so the motivations of the case are different from freedom of expression and information, according to the press note divulged by the public prosecutor.  

Label: administrative action, amplification 

 

 

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