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24/02/2013  Distrito Capital Amenazan de muerte a activista de DDHH

El 24 de febrero de 2013, Rocío San Miguel, presidenta de la ONG de derechos humanos Control Ciudadana, recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica de una persona anónima. La activista de DDHH, también recibió amenazas y mensajes intimidatorios a través de la red social Twitter. 

El 24 de febrero de 2013, Rocío San Miguel, presidenta de la ONG de derechos humanos Control Ciudadana, recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica de una persona anónima. La activista de DDHH, también recibió amenazas y mensajes intimidatorios a través de la red social Twitter.

San Miguel relató a IPYS Venezuela que recibió varios mensajes privados con amenazas de muerte, descalificaciones, y mensajes difamatorios que vulneraban su derecho a la honra y reputación. De igual manera, la persona desconocida le mostró su número de teléfono, como una manera para evidenciar conocimiento sobre sus datos personales.

Estos mensajes fueron enviados desde la cuenta en Twitter @Radaremergencia, perteneciente a Jesús "Chúo" Torrealba, conductor de televisión y activista social, la cual fue hackeada el 21 de febrero, presuntamente por el autodenominado hacker @ntreintaytres. Desde la fecha, este perfil ha sido utilizado para usurpar la identidad del Torreaaba, enviar información falsa, emitir amenazas y descalificaciones a personalidades públicas e instituciones venezolanas (/alerta?id=3314&y=2013&m=02).

Luego de estos mensajes, San Miguel recibió una llamada, de una persona desconocida desde un número internacional, que le decía "Te voy a matar coño de tu m… si no dejas de joder".

San Miguel señaló que desde septiembre de 2011 de manera recurrente, ha sido víctima de acciones de intimidación, agresiones a través de las redes sociales. Incluso, su correo personal fue intervenido de manera ilegal por presuntos hackers. De igual manera, la defensora ha recibido amenazas de muerte contra ella y su familia. En enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la activista de DDHH y ordenó al Estado venezolano tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de San Miguel y su hija.

El 26 de febrero de 2013, la activista presentó la denuncia sobre estas nuevas amenazas ante el Ministerio. En el escrito solicitó a Roberto Acosta, Fiscal 30 con Competencia Nacional quien lleva su caso, que le informe sobre el avance de las diligencias que ha desarrollado su despacho sobre las denuncias que ha presentado desde 2011, y cuyos casos aun continúan impunes.

Etiqueta: amenaza de muerte, intimidación, ciberagresión, impunidad

 

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