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25/01/2013  Lara Desapareció libro de registros de personas fallecidas durante conflicto en Uribana

El 25 de enero de 2013, periodistas de sucesos denunciaron que no tenían acceso al libro de registros de hechos violentos, en la emergencia del Hospital Antonio María Pineda, ubicado en Barquisimeto, en el centroocidente del país. Esta situación generó que, por una semana, los periodistas no pudieran informar de manera oficial la cantidad de homicidios que se produjeron en la región. 

El 25 de enero de 2013, periodistas de sucesos denunciaron que no tenían acceso al libro de registros de hechos violentos, en la emergencia del Hospital Antonio María Pineda, ubicado en Barquisimeto, en el centroocidente del país. Esta situación generó que, por una semana, los periodistas no pudieran informar de manera oficial la cantidad de homicidios que se produjeron en la región.

La desaparición del libro ocurrió el mismo día que se registró en la entidad un conflicto en el Centro Penitenciario de Centrooccidente (conocido como la  Cárcel de Uribana), ubicado en las adyacencias de Barquisimeto, que provocó el fallecimiento de personas privadas de libertad y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Por largo tiempo, los periodista de sucesos de los distintos medios de comunicación del estado Lara, han tenido acceso regularmente  a este registro, el cual se ha convertido en una fuente primaria documental, a nivel periodístico, porque de manera sistemática los funcionarios de la Fuerza Armada Policial de Lara recogen datos rigurosos sobre los incidentes que ocurren en la ciudad.

Nerlit Torres, reportera de Sucesos del canal regional privado Promar TV, dijo que ella ni sus colegas se percató de la pérdida del libro, el 25 de enero, debido que en ese día se generó mucha confusión, incertidumbre y tensión, por la cantidad de internos muertos (58) que ingresaron luego de la requisa -inspección oficial para decomisar armas y productos ilegales de los reclusos- ordenada por la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Valera, en este penal.

Al día siguiente, cuando fueron a recolectar los datos para determinar cuántos fueron los presos que fallecieron y los que ingresaron heridos, los reporteros se percataron que no estaba el libro de novedades, lo cual generó reacciones de inmediato entre los comunicadores sociales. "Durante una semana no supimos con precisión cuántos fallecidos ingresaron a la morgue del Hospital. Esa situación afectó mi trabajo y me limitó a tener acceso a datos valiosos que necesito para poder informar de manera veraz a la ciudadanía", señaló Torres.

José Luis Leal, reportero de Telecentro, canal privado con alcance regional, relató que las autoridades no les ofrecieron explicaciones por la desaparición del registro. Señaló que Luis Rodríguez, comandante de Policía de Lara les informó que desconoce las causas, y aseguró que él no dio la orden para que el libro no se pueda consultar por los medios. El funcionario les informó que investigaría qué había sucedido con el libro de registros para aplicar las medidas correctivas del caso.

Leal pudo conversar con uno de los efectivos policiales del hospital, quien le indicó que, presuntamente, el libro de registros se lo llevaron funcionarios del Ministerio Público, órgano judicial, el día que ocurrió el conflicto en Uribana.

"Tal vez se lo llevaron para que no supiéramos cuantas personas en realidad murieron en la cárcel de Uribana y cuántos fueron los heridos, porque la ministra Valera dio cifras y no les convenía que nosotros indagáramos si las heridas eran solo por arma de fuego u otro tipo de armas, porque ella aseguró que las muertes se produjeron por enfrentamientos entre los internos", señaló a el periodista.

El 31 de enero de 2013, se solventó la situación debido a que el comandante de la Policía ordenó que se colocara un nuevo libro de novedades, en la sala de emergencia del Hospital de Barquisimeto, que le permitiera recolectar como, es costumbre, los datos sobre los ingresos de los fallecidos y  personas herida a la sala de emergencia.

Etiqueta: limitaciones de hecho que restringen el acceso a la documentación pública

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