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30/01/2013  Zulia Cuerpo policial acusa a corresponsal de IPYS Venezuela en Zulia por presuntamente instigar al delito

El 30 de enero de 2013, la delegación del estado Zulia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) -órgano adscrito al Ministerio para las Relaciones de Interior y Justicia-  le abrió un expediente a Juan José Farías, corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad, y reportero de sucesos para La Verdad, diario privado de circulación en esta región, ubicada al occidente del país. Este organismo de seguridad intentó implicar al periodista con presuntos cargos por instigación al delito, asociación para delinquir, y generar zozobra, por publicaciones de varias notas sobre un suceso que ocurrió en Maracaibo. 

El 30 de enero de 2013, la delegación del estado Zulia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) -órgano adscrito al Ministerio para las Relaciones de Interior y Justicia-  le abrió un expediente a Juan José Farías, corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad, y reportero de sucesos para La Verdad, diario privado de circulación en esta región, ubicada al occidente del país. Este organismo de seguridad intentó implicar al periodista con presuntos cargos por instigación al delito, asociación para delinquir, y generar zozobra, por publicaciones de varias notas sobre un suceso que ocurrió en Maracaibo. 

El suceso

Juan José Farías relató a IPYS Venezuela  que el medio para el que trabaja publicó varias notas por el asesinato de Miguel Ángel Boscán Alba, alias "Pepillo", quien además había sido pran (líder paraestatal de las personas privadas de libertad) en la Cárcel Nacional de Maracaibo, donde cumplió condena por 14 años. Se presume que la muerte de Boscán se dio en un enfrentamiento entre una banda delictiva a la que, supuestamente, él pertenecía, y funcionarios de la Policía estatal. A raíz de este caso, al parecer, murieron  dos funcionarios de la Policía del Zulia, y generó una disputa violenta entre líderes de la cárcel y funcionarios de seguridad. Según las fuentes consultadas por el medio, desde la cárcel se pedía dinero por asesinar a funcionarios policiales vinculados con la muerte de Boscán. Ante esta orden, la respuesta del jefe en Zulia del CICPC, Luis Monroy, fue ofrecer una recompensa monetaria a los funcionarios policiales para asesinar a los presuntos delincuentes. Esta información fue ofrecida en una entrevista telefónica que sostuvo con Juan José Farías, y luego fue ratificada en una rueda de prensa con los medios de comunicación de la región. Posteriormente, el gobernador del estado Zulia Francisco Arias Cárdenas rechazó esta situación y anunció que el Cuerpo de Policía del estado Zulia se integraría a la Policía Nacional Bolivariana, cuerpo que depende del gobierno nacional (http://www.laverdad.com/sucesos.html).  

La citación por informar 

Farías contó que el lunes 28 de enero de 2013, le llegó al periódico una citación del CICPC, pero no indicaba el motivo de la solicitud. "Supe que a Luis Monroy, jefe de la delegación Zulia de la Policía científica, lo cambiaron a San Cristóbal (estado Táchira)", presuntamente, por las declaraciones violatorias que había ofrecido, "así que supuse que se debía a la nota que yo había publicado con su declaración".

Al día siguiente, Farías acudió a la citación que le había sido enviada por parte del Eje de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas. "Me llevaron a la oficina del supervisor, donde estaba él, una asesora jurídica y una mujer que no supe qué cargo tenía". Las dos damas tenían una actitud que buscaba intimidarme", contó el periodista. 

"Me dijeron que lo que había hecho era muy grave, que me podían investigar por instigación al delito y asociación para delinquir. Me acusaron de haber creado zozobra entre los funcionarios de seguridad y de promover una matanza entre delincuentes y policías", señaló. En ese momento, el periodista relacionó las acusaciones con la cobertura informativa que había realizado por la muerte de Boscán y los funcionarios policiales.

También, "me dijeron que ellos querían saber -pese a que conocían que como periodistas no estamos obligados a revelar la fuente- cuál era el origen de la amenaza de los supuestos privados de libertad hacia los policías, que yo había publicado en una de mis notas. Les expliqué que alguien llamó al diario, se identificó como un privado de libertad de la Cárcel Nacional de Maracaibo, (conocida como la cárcel de Sabaneta) y alertó sobre las disputas con la policía. Pero en ningún momento, yo he tenido contacto con los reclusos de esta cárcel y no los mantengo como fuente de información". 

Además, Farías les contó que a partir de esa llamada, varios periodistas del medio empezaron a consultar diversas fuentes para confirmar la certeza de la amenaza. Según el testimonio de Farías, entre las personas que corroboraron esta información estaba "el jefe de la delegación del CICPC, Luis Monroy; y Jairo Ramírez, secretario de Seguridad del estado".

Luego, la asesora jurídica, le pidió a Juan José Farías conversar en privado. "Me explicó que esa nota de prensa provocó que todos los policías escondieran sus chapas, arrancaran las calcomanías de los carros y solo salieran de sus casas para sus empleos. En seguida me llevaron a un cubículo con un agente que estaba frente a una computadora. Me pidió la cédula, el número de teléfono, la dirección de habitación y el nombre de mis padres. Me preguntó de dónde saqué la información, quién autorizó su publicación, y si yo tenía algún contacto con algún preso. Fueron más de 15 preguntas -no las recuerdo todas- pero una de ellas fue si el diario La Verdad había sufrido algún atentado el año pasado, cuando los  presuntos líderes del centro penitenciario tirotearon y lanzaron granadas a los diarios Qué Pasa, Versión Final y El Regional del Zulia y al canal Catatumbo TV" (/novedad?id=2919).

Según Farías le tomaron la declaración y la anexaron al expediente que abrieron sobre los homicidios señalados. El periodista agregó: "luego el detective encargado de la investigación leyó la entrevista y me pidió un número de teléfono para solicitar una relación de llamadas, al periódico. Yo solo le di el número de la central, y me recriminó al no saber otro número del diario. Pidió la corrección del documento y comenzó la entrevista de nuevo".

El reportero de sucesos llegó a la sede del CICPC a las 9:00 a.m. y la entrevista terminó a la 1:00 p.m. Además, ordenaron una citación a los jefes de Farías en La Verdad, por haber autorizado la publicación de las notas sobre el caso de Boscán y los funcionarios policiales. Entre los periodistas notificados estuvo la editora de Sucesos del periódico, Jesika Ferrer; el jefe de redacción Luis Pérez; y el jefe de información, Raúl Semprún.

Por lo que relató Farías, un asesor jurídico del diario La Verdad contactó a un fiscal del Ministerio Público en Zulia y constató que este órgano judicial no ordenó este procedimiento que realizó el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas. (CICPC).

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela exhorta a las autoridades públicas, en especial a los cuerpos de seguridad del estado del Zulia, a garantizar las condiciones necesarias para que Juan José Farías pueda ejercer su labor periodística sin ningún tipo de intimidación y amenazas, que puedan colocar en riesgo su trabajo y su integridad física. 

 

Etiqueta: uso abusivo del poder estatal, intimidación, amenaza de acción legal 

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Lea la versión en inglés

 

Police force accused correspondent of IPYS Venezuela in Zulia of allegedly instigating crime

 

On January 30, 2013, the delegation in Zulia state of the Scientific, Penal and Criminalistic Research Corps (CICPC for its acronyms in English) -ascribed to the ministry of the interior and justice- opened a case against Juan José Farías, correspondent of IPYS Venezuela in that state, and the events reporter for La Verdad, a private newspaper that circulates in that region, located to the west of the country. This security organism attempted to implicate the journalist with charges for allegedly instigating crime, associating with criminals, and generating gloom and doom, for publications of several notes on an event that happened in Maracaibo. 

The event

Juan José Farías told IPYS Venezuela that the media he works for published several notes on the murder of Miguel Ángel Boscán Alba, a.k.a the "Pepillo", who had also been a pran (para-state leader of the incarcerated) in the National Prison of Maracaibo, where he finished a sentence of 14 years. It is presumed that Boscán´s death occurred during a confrontation among criminal bands that he supposedly belonged to and state police officers. Due to this, apparently two Zulia police officers died and this sparked a violent dispute between jail leaders and security officials. According to the sources consulted by the media, money was offered from the jail for the murder of the police officers linked to Boscán´s murder. When he heard of this, the response of the head of the CICPC in Zulia, Luis Monroy, was to offer a cash reward to police officers if they assassinated the alleged delinquents. This information was offered during a telephone interview with Juan José Farías, and was later ratified at a press conference with the region´s media. Later on, the governor of Zulia state, Francisco Arias Cárdenas, rejected this situation and announced that the police corps of Zulia state would be absorbed by the Bolivarian national police corps, an entity that is ascribed to the national government (http://www.laverdad.com/sucesos.html).  

 

A citation for informing 

Farías said that on Monday January 28, 2013, a citation issued by the CICPC arrived at the newspaper´s headquarters, but the motive was not indicated. "I heard that Luis Monroy, head of the scientific police delegation in Zulia, was transferred to San Cristóbal (Táchira state)", presumably due to the transgressional declarations he had offered, "so I assumed that it was due to the ad I had published with his statement".

The following day, Farías attended the citation sent by the homicide investigations division of the Scientific, Penal and Criminalistic Corps. "I was led into the office of the supervisor, where he was, a legal adviser and a woman I never knew what post she had". The two ladies had an attitude that was seeking to intimidate me", the journalist said. 

"They told that what I had done was very serious, that they could investigate me for instigating crime and associating with criminals. They accused me of spreading gloom and doom among the security officials and of promoting a massacre among delinquents and cops", he pointed out. Then, the journalist correlated the accusations to the info coverage he had published due to the death of Boscán and the police officers.

Also, "they told me they wanted to know -although they knew that as journalists we are not obligated to reveal our sources- what was the origin of the threat of the incarcerated towards the policemen, which I had published in one of my notes. I explained to them that somebody had called the newspaper, he identified himself as an inmate from the national jail in Maracaibo, (known as the Sabaneta prison) and alerted on the disputes with the police. But I never, at any time, had any contact with the inmates of that jail and do not have any as sources of information". 

Farías also told them that after that call, several journalists started to consult diverse sources to confirm whether there was any truth to the threat. According to the testimony given by Farías, among the persons that corroborated the information were "the head of the CICPC delegation, Luis Monroy and Jairo Ramírez, secretary of security of that state".

Then, the legal adviser asked to talk to Juan José Farías in private. "She explained to me that that press note made all the policemen hide their badges, rip off the stickers from the cars and only leave their homes to go to their jobs. Immediately after, they took me into a cubicle with an agent sitting in front of a computer. He asked for my identity card, telephone number, home address and the name of my parents. He asked where I got the information from, who had authorized its publication, and if I had any contact with any person deprived of their freedom. I answered more than 15 questions -I don´t remember all of them- but one of them was whether the newspaper La Verdad had suffered any attack last year, when the alleged leaders of the penitentiary center shot at and threw grenades to the headquarters of the dailies Qué Pasa, Versión Final and El Regional del Zulia and Catatumbo TV channel" (/novedad?id=2919).

 

According to Farías his statement was taken and added to the docket opened on the abovementioned homicides. The journalist added: "later, the detective in charge of the investigation read the interview and asked me for a phone number to request a list of calls made to and from the newspaper. I only gave him the number of the switchboard, and he scolded me for not knowing any other number of the newspaper. He asked that the document be corrected and started the interview once again".

The events reporter arrived at the headquarters of the CICPC at 9:00 a.m. and the interview ended at 1:00 p.m. A citation for Farías´ bosses in La Verdad was requested, for having authorized the publication of the notes on the case of Boscán and the police officers. Among the journalists given notice was the newspaper´s events editor, Jesika Ferrer, the chief editor Luis Pérez and the head of the information department, Raúl Semprún.

Based on the story told by Farías, a legal advisor of the newspaper La Verdad contacted an attorney of the justice department of Zulia state and verified that this judicial entity did not order this procedure conducted by the Scientific, Penal and Criminalistic Research Corps (CICPC).

The Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela exhorts the public authorities and especially the security corps of Zulia state, to guarantee the necessary conditions for Juan José Farías to be able to do his work as a journalist without being subjected to intimidation and threats, that could jeopardize his work and physical integrity. 

 

Label: abusive use of the state´s power, intimidation, threat of a legal action 


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