El 18 de diciembre de 2012, la empresa contratista del sector eléctrico nacional Derwick Associates publicó un comunicado en El Nacional, medio impreso privado, que contenía mensajes intimidatorios y descalificativos sobre los trabajos de investigación periodística que ha publicado César Batiz, coordinador del política de Últimas Noticias -diario privado, de circulación nacional-.

El 18 de diciembre de 2012, la empresa contratista del sector eléctrico nacional Derwick Associates publicó un comunicado en El Nacional, medio impreso privado, que contenía mensajes intimidatorios y descalificativos sobre los trabajos de investigación periodística que ha publicado César Batiz, coordinador del política de Últimas Noticias -diario privado, de circulación nacional-. Los reportajes estaban relacionados con presuntos hechos de corrupción en la compra de suministros para atender la crisis eléctrica nacional, que se registró en Venezuela desde el 2010 y produjo recurrentes y prolongados cortes del servicio eléctrico, en todo el país. Además, en dos oportunidades, vía telefónica, Batiz ha sido contactado por un supuesto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), órgano de inteligencia policial dependiente del Poder Ejecutivo nacional, quien lo ha llamado a comparecer ante el organismo donde sería interrogado sobre las fuentes citadas en sus trabajos periodísticos.

En el comunicado difundido en la página 8 del cuerpo Ciudadanos, de El Nacional, la contratista indicó que la labor del periodista responde a una "conducta abiertamente hostil hacia Derwick Associates, de resentimiento y de mala praxis del periodismo por parte de Cérsar Batiz". Asimismo, acusaron al periodista, por sus investigaciones, de participar en una "campaña de difamatoria" emprendida contra esta organización, empresa intermediaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ( http://www.el-nacional.com/sociedad/DERWICK-ASSOCIATES-DIRIGE-OPINION-PUBLICA_0_101392562.html ).

Esta situación se generó luego de Batiz publicara los reportajes "Cable pelao en la electricidad" (Últimas Noticias, 7 de agosto de 2011) y "Bariven compró con sobreprecio" (Últimas Noticias, 18 de septiembre de 2011). Estos trabajos revelaron las "negociaciones irregulares" que realizaron empresas (entre ellas Derwick Associates) contratistas de PDVSA y las también estatales Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Electricidad de Caracas, en las compras de equipos eléctricos para solventar las deficiencias eléctricas a nivel nacional. Este incidente se produjo aun cuando en Venezuela este tipo de actividades estatales deben realizarse a través de una licitación pública, según la Ley de Contrataciones Públicas.

Los trabajos periodísticos de Batiz fueron compilados en el reportaje Trampas eléctricas, el cual recibió, en marzo de 2012, una mención especial en el Concurso Nacional de Reportajes de Investigación que organizó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela); y en septiembre de 2012, fue galardonado con una mención honorífica en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, propuesto por el Instituto Prensa y Sociedad (Perú) y Transparencia Internacional. ( http://www.ultimasnoticias.com.ve/contenedormultimedia/trampas-electricas-ii.aspx).

Asimismo, el 9 de diciembre de 2012, el periodista publicó en Últimas Noticias una nota titulada "El FBI mete el ojo (investiga) a empresa venezolana". En el texto señalaba que  esta organización busca "información sobre empresas venezolanas presuntamente vinculadas con casos de corrupción en el sector eléctrico y petrolero. Funcionarios de estas instituciones han ingresado a blogs en los que se han publicado post sobre compañías como Derwick Associates". ( http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/el-fbi-mete-el-ojo-a-empresa-venezolana.aspx)

Para esta nota, el 29 de noviembre de 2012, César Batiz consultó, vía correo electrónico, a Domingo Guzmán López, directivo de Derwick Associates -hermano materno del dueño de Derwick Associates- y Héctor Torres, consultor jurídico de la empresa, a fin de saber si la empresa conocía sobre "la búsqueda de información" que adelanta el FBI. Según el comunicado publicado el 18 de diciembre, la empresa afianzaba que "Derwick Associates no tiene conocimiento alguno de investigación sobre nuestra empresa". Además, agregaba que esta empresa "viene siendo objeto de una campaña de difamación, dentro y fuera de Venezuela, por parte de personas como Oscar García Mendoza, Alek Boyd, y otros, que han utilizado información errónea publicada por usted (César Batiz), como parte de un conjunto de afirmaciones de carácter difamatorio (…)".

En la nota, además, se revela el nombre de Alejandro Betancourt, quien fue entrevistado por Batiz y cuyas declaraciones salieron como testimonio confidencial, a solicitud de su persona.   Asimismo, César Batiz solicitaba conocer los contratos que habían sido firmados por Derwick Associates con el Estado venezolano, sin embargo, el comunicado indicó que esta información no se podía divulgar debido a la suscripción de unas clausulas de confidencialidad. Además, señalaron: "la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, en concordancia con la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, prohíbe divulgar todo tipo de información sobre el Sistema Eléctrico Nacional".

Por su parte, la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, vigente desde 2010, en su artículo 108, establece: "Cualquiera que indebidamente y con perjuicio para la República, haya revelado secretos concernientes a la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, bien sea comunicando o publicando los documentos, u otras informaciones concernientes  al sistema, será castigado con prisión de ocho a dieciséis años". Estas disposiciones son contrarias al artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura previa, así como también a los estándares internaciones de protección de los derechos humanos.

Para el desarrollo de sus trabajos periodísticos Batiz realizó solicitudes formales de información pública, fundamentadas en el derecho de petición, establecido en el artículo 51 de la Constitución al Ministro de Energía Eléctrica, al Presidente de la empresa Bariven (Filial de PDVSA) y al Ministro de Petróleo y Minería, y no obtuvo respuesta; por lo que el periodista activó un recurso de reconsideración (abstención o carencia), ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inadmisible la solicitud, en abril de 2012.

De igual manera, el comunicado agregó: "DerwickAssociates no puede hacer público los contenidos de los contratos que ha firmado con instituciones del Estado venezolano, porque en cada uno hay cláusulas de confidencialidad que lo impiden. Es potestad de cada organismo decidir si difunde o no los contenidos de cada contrato. Por lo tanto, debe dirigirse a los organismos correspondientes a solicitar esta información". Las cláusulas referidas por la empresa son contrarias al derecho constitucional de acceso a la información pública y al carácter público que debe regir los procesos de contrataciones por parte de empresas estatales, de acuerdo con la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas.

El 12 de junio de 2012, César Batiz introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (poder judicial venezolano) un recurso de revisión constitucional por la decisión que tomó la Sala Político Administrativa , vinculada a la petición de información pública que el periodista formuló al ministro Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, y que no fue respondida. (http://www.ipys.org.ve/novedad?id=2922). Hasta la fecha el TSJ no ha dado respuesta.

Sobornos para silenciar las investigaciones

Durante su proceso de investigación periodística, César Batiz se dirigió a la sede de la empresa Derwick Associates, en Caracas en agosto de 2011, y le dijeron que no lo podían atender porque no le habían dado una cita previa. Según el relató que ofreció a Ipys Venezuela, unos guardaespaldas lo sacaron del lugar.

Durante todo este tiempo el periodista ha recibido amenazas, presiones e  intentos de soborno. Según contó a Ipys Venezuela, el 6 de agosto de 2011, mediante una llamada telefónica de un tercero, una persona ofreció dinero para que el reportero no continuara investigando sobre el tema.

De igual manera, el 19 de diciembre de 2012 recibió una citación, vía telefónica, de parte de un supuesto comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), adscrito también a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), empresa adscrita al Ministerio de Energía Eléctrica. De manera, intimidante -según la descripción de Batiz-   también, le dijo que la Ley de Seguridad y Defensa de la Nación lo facultaba para notificarlo vía telefónica, y que necesitaban que se presentara en la sede del SEBIN, ubicada en el sector de Plaza Venezuela, en Caracas- o en la sede principal de Corpoelec, ubicada también en la capital.

Igualmente, en noviembre de 2012, el mismo comisario había llamado a la casa de la madre del periodista, para preguntar por él. Además, dijo que estaban investigando sobre unos reportajes que Batiz había  publicado. Días después, Batiz y el funcionario conversaron, vía telefónica de manera cordial, y el comisario le expresó que deseaban reunirse con él para saber de dónde él obtenía la información sobre este caso. La solicitud del funcionario resulta contraria a la protección del secreto de las fuentes de información periodística, garantizado en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 8 de la Ley del Ejercicio del Periodismo.

En la misma llamada el supuesto funcionario le manifestó que el SEBIN estaba realizando un "proceso administrativa", sobre el caso, pero no ofreció detalles sobre a quién estaría dirigida dicha investigación. El funcionario le dijo que si se podía acercar a la oficinas de esta dependencia de inteligencia, a lo que Batiz le contestó que acudieran al periódico para hablar sobre el asunto. Posteriormente, Batiz llamó al funcionario y le consultó por qué no había asistido al periódico, y éste le contestó que el ministro para la Energía Eléctrica, Héctor Navarro, no lo había autorizado para acudir a la cita convenida, y que luego él lo llamaría para coordinar.

Previo a estos hechos, luego de las 2 primeras publicaciones sobre el caso, Nelson Rivera, presidente de la agencia de comunicaciones estratégicas Cuaderna Vía Comunicaciones, y miembro del Consejo Editorial de El Nacional, que ofrece el servicio de asesoría a Derwick Associates, se acercó a Luz Mely Reyes, quien para el momento era jefe de investigación en Últimas Noticias y jefa inmediata de Batiz, abogando a favor de los representantes de la contratista de PDVSA. En esos mismos días tuvo un encuentro  personal con Batiz, en los mismos términos. También, fueron publicados varios comunicados en medios impresos nacionales en defensa de la reputación de la empresa contratista.

Batiz, también, contó que después del 18 de septiembre de 2011, recibió una propuesta de soborno, en la que le ofrecieron un cargo directivo en un medio digital privado con sede en Caracas y con proyección latinoamericana, a fin de que abandonara sus investigaciones sobre las irregularidades en las contrataciones del sector eléctrico nacional, con la condición específica de que "no podía volver a mencionar a Bariven". Le ofrecieron un pago por adelantado de 200 mil bolívares (un poco más de 46 mil dólares), más un salario mensual de 50 mil bolívares (alrededor de 11 mil 600 dólares), por 12 meses de trabajo garantizado.

Ante estos incidentes el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, exhorta al Estado venezolano a garantizar las medidas necesarias para que el periodista César Batiz, así como demás miembros del gremio, realicen sus labores de investigación periodística sin ningún tipo de riesgo, según los lineamientos constitucionales.

Etiqueta: intimidación, amenaza de acción administrativa, uso abusivo del poder estatal (de la función militar, policial o de inteligencia), presión desde el Estado para revelar la fuente de alguna información, leyes de privacidad que restringen la investigación y difusión de temas de interés público, censura previa, censura indirecta.