El 23 de octubre de 2012, por las declaraciones que ofrecieron a un equipo reporteril de El Nacional (periódico privado de circulación nacional)  funcionarios para el Ministerio Popular de las Comunas y Protección (dependencia del poder ejecutivo) amenazaron a las familias damnificadas que se encuentran albergadas, desde hace 2 años, en el Hotel Embassy Suites (empresa de gestión privada), ubicada en de Caracas, Distrito Capital. 

El 23 de octubre de 2012, por las declaraciones que ofrecieron a un equipo reporteril de El Nacional (periódico privado de circulación nacional)  funcionarios para el Ministerio Popular de las Comunas y Protección (dependencia del poder ejecutivo) amenazaron a las familias damnificadas que se encuentran albergadas, desde hace 2 años, en el Hotel Embassy Suites (empresa de gestión privada), ubicada en de Caracas, Distrito Capital.

Maolis Castro, reportera, y Omar Veliz, reportero gráfico conformaron el equipo de El Nacional, que el 19 de octubre, cubrió una pauta, para la sección Ciudadanos del periódico, sobre la situación en la que viven alrededor de 12 familias en este refugio, conformadas por 44 personas, quienes no cuentan con una vivienda digna. Este grupo de personas viven en este albergue improvisado, por orden del poder ejecutivo, desde enero de 2011, a raíz de la pérdida de sus viviendas, que se encontraban en zonas de alto riesgo en el municipio Libertador de Caracas, producto de la situación de alerta que se generó por fuertes lluvias registradas en el país.

Maolis Castró comentó a Ipys que la mayoría de las personas que se encuentran en este albergue accedieron a que el equipo reporteril realzara su labor periodística. Solo 2 personas estuvieron en desacuerdo. Se presume que uno de ellos informó a los representantes del Ministerio de las Comunas sobre el trabajo de prensa que realizaba el equipo de El Nacional. Castro, en la nota titulada "Los huéspedes olvidados del Embassy Suites", publicada por el periódico el 24 de octubre, reseñó que, a partir de ese momento, los funcionarios públicos "amenazaron al resto de las familias con que los desalojarán del albergue y no les tramitarán la asignación de viviendas".

Un grupo de personas que viven en este refugio, bajo confidencialidad de sus identidades,  y quienes se presentan como simpatizantes de la gestión del presidente Hugo Chávez, declararon a Ipys que el 23 de octubre, representes de la Comisión Presidencial para Refugios Dignos, del Ministerio de las Comunas, y tutores políticos (figura de la conformación del Estado comunal en Venezuela) que hacen vida del albergue, convocaron a una asamblea, en la cual destituyeron a la vocera principal, por permitir al equipo reporteril realizar su labor. Además, informaron que en esta sesión levantaron un  acta en rechazo a las declaraciones emitidas por la vocera, quien había sido elegida por mayoría en una reunión de ciudadanos, hace un mes, con la finalidad de declarar y hacer algunas gestiones para solventar el problema de vivienda que presentan. "Nos dijeron que el documento lo van a llevar a instancias mayores", como una medida de intimidación, indicó la mujer.

Por su parte, Martha Álvarez, una de las damnificadas que fungió como fuente para el trabajo periodístico, declaró a Ipys que por sus denuncias fue amenazada por uno de los damnificados que no estuvo de acuerdo con la realización de este trabajo. Álvarez recordó la advertencia que le hicieron: "Si denunciaste, es peor para ti". El hombre, también, le dijo que por sus declaraciones la podían privar de libertad y podían deportar a sus hijos a Colombia, su país de origen. Ante estos señalamientos, un joven afianzó: "tememos por nuestra seguridad e integridad física".

Los damnificados, además, aseguraron que han acudido a diversos medios  de comunicación oficiales para denunciar las condiciones en las que se encuentran y su necesidad de contar con una vivienda digna,  pero estos no difunden sus exigencias.

También, debido a las represalias que han recibido por sus declaraciones a El Nacional, han acudido a diversas instancias de justicia, a nivel local y nacional, para exigir una investigación pertinente.

Por su parte, la periodista informó a Ipys que tanto ella como el reportero gráfico no han recibido amenazas por la realización de este trabajo. Resaltó que las acciones de amedrentamiento han sido dirigidas contra las familias que viven en el albergue.

Este hecho de intimidación representa una violación a la libertad de expresión, debido que se registraron amenazas contra particulares que ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación. Además, este incidente demuestra un uso abusivo del poder estatal para criminalizar las opiniones de los ciudadanos.

Ésta es la segunda alerta, durante el mes de octubre, que levanta Ipys, en la que personas que ejercen la vocería ante la prensa son objeto de acciones de intimidación. Los dos casos contabilizados, justamente, han sido por trabajos periodísticos publicados en el diario El Nacional. El 11 de octubre, Luis Francisco Cabeza, director de la Organización No Gubernamental Convite, recibió amenazas tras unas declaraciones ofrecidas a este medio, sobre un estudio de la situación del derecho a la salud en varias entidades del país. (/alerta?id=3070).

Etiqueta: intimidación, uso abusivo del poder estatal