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18/01/2006  Distrito Capital Fiscalía inicia investigación contra medios

El 18 de enero de 2006, el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, anunció la apertura de una investigación a varios medios de comunicación por el presunto uso de intimidación y fraude para descalificar el trabajo del Ministerio Público

Se trata de los canales de televisión Globovisión, Venevisión, Televen, RCTV, CMT, Venezolana de Televisión (canal del Estado); y los diarios de circulación nacionalEl Nacional,El Universal,Últimas NoticiasyEl Nuevo País.

Estos medios habrían desacreditado la labor sobre el caso Danilo Anderson, un fiscal asesinado el 18 de noviembre de 2004 y que investiga a los presuntos implicados en el golpe de Estado ocurrido en abril de 2002. La Fiscalía denunciará a los medios de formar parte de una campaña mediática de acoso y presión psicológica para que el testigo y los expertos se abstengan de declarar.

Asimismo, el Fiscal General solicitará a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la apertura de un procedimiento administrativo contra los canales señalados, para determinar si con la divulgación de informaciones relacionadas con el caso Anderson se violaron disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte).

La Fiscalía también solicitó al tribunal "prohibir a todos los medios de comunicación (televisivos, radiales, escritos y afines) la publicación o exposición de las actas del expediente", para evitar que se siga descalificando la investigación que se sigue contra los presuntos autores intelectuales del asesinato de Anderson, entre ellos la periodista Patricia

Poleo y el accionista del canal Globovisión Nelson Mezerhane, así como la sentencia condenatoria de los autores materiales. IPYS rechaza tales acciones legales por considerarlas limitantes del trabajo periodístico, que repercuten directa y negativamente sobre el derecho de los ciudadanos a estar informados, y mecanismos de intimidación que podrían generar autocensura entre los medios de comunicación y periodistas que realizan investigaciones, relacionadas o no con el caso Anderson. Además, las medidas que solicita el Fiscal contravienen los pactos y convenios internacionales, suscritos y ratificados por Venezuela en derechos humanos y libertad de expresión, al establecer la censura previa.

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