El 16 de febrero de 2012, miembros de la organización no gubernamental de tendencia oficialista Periodistas por la Verdad acudieron al ministerio público para pedir una investigación contra el editor del diario El Nacional Miguel Henrique Otero  sobre la muerte de un joven el día 14 de febrero en el estado Aragua en el centro del país.

El joven fue arrollado por un presunto funcionario policial cuando la Junta electoral de primarias de la Mesa de la Unidad (alianza opositora) en el estado Aragua se disponía a destruir los cuadernos de votación de las elecciones del domingo 12 de febrero.

El coordinador de la organización, Marcos Hernández declaró a la emisora Unión Radio que El Nacional debería ser investigado a su juicio por la "manipulación" que hizo sobre el arrollamiento del joven. A su juicio, al haber cometido un error en la identificación de esta persona, el diario estaría divulgando información falsa.

De acuerdo a Hernández "el diario tuvo tiempo suficiente para verificar la información real de los hechos" y señaló que según el artículo 296- A del Código Penal de Venezuela quienes difundan información falsa o genere zozobra o altere la paz ciudadana podría sufrir una pena de 2 a 5 años de cárcel.

El coordinador de Periodistas por la Verdad es también miembro del Directorio de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).