El 23 de abril de 2010, José Pinto Rosario, director de Protección Ciudadana y Seguridad de la alcaldía de San Fernando, ordenó el decomiso del tiraje del semanario Notillanos (un total de 4 mil ejemplares) que circula en el estado Apure, al suroeste de Venezuela. 

Pinto notificó al medio que deberá cumplir con 180 días de cierre, que podrían ser prorrogables, debido a un supuesto incumplimiento en el pago de impuestos municipales.

El decomiso fue ejecutado por funcionarios de la alcaldía que, junto a la policía, interceptaron el vehículo que transportaba los ejemplares y los llevaron a la sede de la municipalidad. La notificación de cierre la enviaron al medio a través del conductor del vehículo que llevaba los ejemplares.

Previo al decomiso, la alcaldía publicó un aviso oficial para que los medios de la región acudan a la Oficina de Tributos de la Alcaldía para ser informados sobre su situación respecto al pago de impuestos municipales.

Saday Flores, jefa de Redacción de Notillanos, dijo al IPYS que los abogados del medio acudieron en dos oportunidades a cumplir este trámite pero no pudieron acceder al expediente del semanario ni a información sobre el monto de la supuesta deuda.

Flores explicó que el medio desconocía a qué tipo de impuestos se refiere la alcaldía, pues en esa entidad los medios no pagan tributos. La periodista presume que la medida se debe a una represalia por las denuncias publicadas en Notillanos sobre presuntas irregularidades administrativas cometidas en el municipio, cuyo alcalde es Jhon Guerra.

El 22 de abril último, Alberto Morales, abogado de la municipalidad, anunció el cierre de Notillanos en el programa "Par de dos" de la televisora regional ContacTV.

Morales dijo que no se devolverán los ejemplares incautados y que la decisión de clausurar el medio se mantiene hasta que se cancele la deuda. Aclaró que no se trata de un atentado contra la libertad de expresión sino de una medida contra una empresa que no cumple con la ley. Periodistas de Notillanos señalaron que el municipio quemará los ejemplares decomisados.

Vladimir Hidalgo, dueño del semanario, denunció al IPYS que el decomiso se hizo sin la orden de un tribunal y aseguró que los abogados del semanario interpondrán un recurso de amparo para evitar la clausura del medio.